Actualmente, vive con su marido y su hijo mayor. Como todo lo que tenía ha ido empeorando, en 2021 por fin le dieron el diagnóstico: fibromialgia en grado tres. En ese momento Antonia pidió la baja.
Ella trabaja en mantenimiento en el Hospital Son Espases, lo que, dice, «requiere mucho esfuerzo físico que no puedo hacer». En estos dos años, ha tenido varias bajas, pero en breve recibirá una notificación para incorporarse a su puesto de trabajo. La Seguridad Social le ha denegado su última solicitud de prestación de incapacidad permanente. «El sistema público me ha dado la espalda», manifiesta Amparo, quien asegura no sentirse bien para trabajar.
La fibromialgia le ha paralizado su vida. Estabilizada gracias a un bastón, la mujer relata que si se da un golpe, «automáticamente me sale un hematoma». La patología le hace tener hinchados los tobillos, además de las molestias de espalda: «Me cuesta levantarme de la cama, me siento como si fuera una mujer de 80 años». En casa le ayuda una mujer contratada para limpiar. «Vivo con dolor día a día», dice. Amparo muestra en esta entrevista informes de la Seguridad Social con valoración de incapacidad del 35 %, además de tener un 4 % de movilidad reducida.
A la espera de juicio
Con todo este bagaje clínico, no entiende por qué no es apta para coger la baja indefinida. De hecho, denunció a la Seguridad Social porque no estaba conforme, pero todavía está a la espera de que se celebre el juicio. «Llevo trabajando toda mi vida y no me gustaría estar en esta situación. Pero convivo con el dolor a diario. No puedo hacer mi trabajo porque requiere coger peso. Entonces, ¿dónde va una persona como yo? Siento que me han dado la espalda por completo», considera.
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