El Gobierno asegura que no dispone del «soporte legal necesario» para limitar la entrada de cruceros a España

Los diputados del grupo plurinacional se interesaban en su escrito sobre la posibilidad de promover un marco regulatorio más estricto respecto a la actividad de los cruceros en materia fiscal, ambiental o de utilización de combustibles menos contaminantes a tenor del incremento de los cruceros arribados en las Islas Baleares en los últimos años. Pero también preguntaban por las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para limitar los impactos ambientales negativos del turismo de cruceros y los perjuicios que provoca en la salud de la población cercana a los puertos de atraque.

El Ejecutivo, en su escrito de respuesta, ha dicho en primer lugar que no se contabilizan las emisiones del tráfico marítimo internacional. No obstante, apunta que a partir de datos recogidos por Eurostat, se puede deducir que el porcentaje de cruceros para España supuso «un 4,6% respecto al total de barcos de pasajeros» en el año 2021. Es en este punto donde el Gobierno indica que la cartera liderada por Óscar Puente no puede aprobar limitaciones de acceso de los buques de cruceros a puertos españoles por no disponer del soporte legal necesario. Además, dice el Ejecutivo, se requiere un previo acuerdo con las principales compañías de cruceros, proveedoras del servicio, representadas en la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros y es una cuestión «que afecta a las propias ciudades costeras concernidas y al gobierno autonómico correspondiente, así como a las competencias en materia de turismo». En este sentido, el Gobierno recuerda que ya se conocen experiencias al respecto, como la alcanzada en Palma de Mallorca en mayo de 2022 para introducir una mayor racionalidad en los usos portuarios con la llegada escalonada de cruceros.