El Govern interviene una partida de productos extracomunitarios por no cumplir la normativa

Algunos productos solo estaban etiquetados en lengua extranjera. | R.P.F.

Francesca MaríPalma07/02/24 0:30
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Mientras los agricultores protestaban por la falta de trazabilidad en los productos procedentes de países extracomunitarios, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural anunció este martes la intervención de una partida de 36 productos procedentes de terceros países que no contaban con ninguna indicación sobre el número de lote o presentaban la información alimentaria solo en lengua extranjera.

La dirección general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local ha sido la encargada de realizar las inspecciones de estos productos agroalimentarios que incluían conservas vegetales, conservas de pescado, setas secas, harinas, cereales, condimentos, especias e infusiones. Todas ellas procedentes de una tienda de productos de países extracomunitarios. De estos 36 productos intervenidos, 32 de ellos no presentaban ninguna referencia en el número de lote por lo que no se puede garantizar la trazabilidad de estos. Además, otros cuatro también presentaban un mal etiquetaje, según destacó la propia Conselleria d'Agricultura en una nota de prensa.

El conseller, Joan Simonet, recalcó este martes que esta inspección no es un hecho puntual de la dirección general. «Se hacen campañas de control del cumplimiento de las normas de comercialización de frutas y hortalizas en el comercio minorista de Baleares, así como de otros productos agroalimentarios para proteger los intereses legítimos de los agentes del sector y de los consumidores, y evitar la competencia desleal», señaló. No en vano, el pasado mes de noviembre ya anunció el inicio de 44 expedientes por la comercialización fraudulenta de aceite de oliva a través de internet.

Para este 2024 están previstos más de 300 controles agroalimentarios tanto al sector del transportes como al sector minorista, hortofructícola y también controles a la cadena alimentaria.

Las sanciones por el incumplimiento de la normativa son administrativas que, en el caso de ser consideradas graves, pueden ir de los 3.000 a los 15.000 euros, o cinco veces el valor del producto intervenido.