Antoni Costa.

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La empresa del asesor del ex ministro José Luis Ábalos, que envió las mascarillas compradas por el Govern de Francina Armengol durante la pandemia, comunicó al Ib-Salut que el envío era «conforme a lo convenido» y que consideraba «completamente extemporáneo» cualquier tipo de reclamación. De este modo se refleja en su carta de respuesta al requerimiento del Ejecutivo balear, en marzo del pasado año, y en el que le informaba de que se procedía a «tomar las medidas oportunas» para iniciar un expediente de devolución de la cantidad pagada tres años después de la entrega. En la misiva, Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, investigada por corrupción, sostiene que las mascarillas remitidas, de tipo quirúrgico y no FFP2, responden al pedido.

«El suministro realizado correspondió a la oferta comunicada en fecha 25 de abril de 2020, es decir, mascarilla KN95. Por tanto, las mascarillas lo eran conforme a lo convenido por ambas partes», concluye el escrito.

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Así lo ha comunicado este viernes el portavoz del Govern y vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, que ha añadido: «Iago Negueruela se olvidó de informar de esta respuesta». Pese a ésta, y coincidiendo con la investidura de Marga Prohens como presidenta, el ejecutivo anterior reclamó formalmente la cantidad. «Quién pidió que no se reclamará», se ha preguntado Costa, que ha indicado que «ya es hora de que Francina Armengol dé explicaciones».

«No acusamos a nadie, sólo pido explicaciones al más alto nivel. No puede ser que la anterior presidenta y presidenta del Congreso no haya dicho ni una sola palabra», ha indicado el portavoz del ejecutivo, que precisa que la reclamación es ahora un asunto del actual Govern y que llegará hasta el final y se utilizarán «todo los medios legales». Tampoco descarta que si de la auditoría encargada se desprendiera una mayor cantidad de dinero, ésta se reclamaría igualmente. La actual es de 2,6 millones.

Sobre si el Govern anterior fue víctima de una estafa, ha indicado que no lo dice él, sino que los hechos lo demuestran, aunque insistió en lo que considera clave, por qué se tardaron tres años en reclamar y «si fue a petición del propio Ábalos».