El PSIB presenta al actual Govern como único nexo con la trama corrupta

Según los socialistas se ha agotado, según el Govern, no. Aunque ya tienen la mirada en la vía penal. El pleno de del Parlament –pese a la ausencia de la presidenta balear, Marga    Prohens, y del portavoz socialista, Iago Negueruela– ha estado marcado este martes por esta cuestión en el turno de preguntas de control.

Ha sido una sesión llena de descalificaciones y de frases de tono subido: la diputada de Vox Manuela Cañadas aprovechó una pregunta al conseller d’Educació, Antoni Vera, que no tenía    relación con este asunto para referirse como «la Al Capone vestida de presidenta del Congreso» a Francia Armengol», que prácticamente en esos momentos daba explicaciones sobre el asunto en Madrid. Según la diputada del PSIB Pilar Costa, la presidentaProhens «mira de reojo» a Armengol «en un ataque de cuernos sin precedentes».

Según la socialista del auto de la Audiencia Nacional queda muy claro que se dejó caducar el expediente. De pedir explicaciones sobre este asunto se encargaron ésta y el diputado de este mismo partido Marc Pons. La primera preguntó al portavoz del Ejecutivo, AntoniCosta. El segundo a la consellera actual de Salut, Manuela García, que ha exhibido una de las mascarillas de la polémica.    «Está es una de las mascarillas fake», dijo, mientras la diputada de    Vox, Manuela Cañadas, levantaba una fotografía ampliadas de Francina Armengol en su etapa de presidenta de Balears en la que podía leerse «corruPSOE». El resto del grupo exhibió otras del mismo estilo al inicio de la sesión. Según Cañadas no ha prescrito el expediente de reclamación. «Hay que ser muy atrevido para plantear según qué preguntas cuando todavía no han dicho quién les dijo que compraran las mascarillas», afirmó.

Para   Pilar Costa, el auto judicial es claro. Y ha leído una parte, la que señala que «se producen una serie de comunicaciones {...] de las que se infiere que la resolución dictada sobre esta reclamación    establece por una parte que si la Administración balear en este plazo –fecha límite, 18 de enero de 2024– no se ha pronunciado expresamente, se produciría    la caducidad del procedimiento administrativo, y por ende la reclamación de casi tres millones de euros». La socialista reclama al Govern que muestre   «un documento de no caducidad» y toda la documentación.

Más preguntas que no tenían que ver con la cuestión han servido al al grupo socialista –Més per Mallorca no ha preguntado sobre el asunto– para reclamar ese documento y cualquiera que sirviera para clarificar los contactos.

Desde el Govern, lo mismo que en comentarios del PP fuera del pleno, se indica que quienes tenían que responder eran los socialistas y, concretamente, la presidenta actual del Congreso. Para Antoni Costa, a la vista de que Armengol en su comparecencia no había aclarado la duda de «quién fue el asesor de la trama corrupta que llamo», sólo le quedaba dimitir. «No puede seguir ni un minuto más», indica.