El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los resultados de ejecución presupuestaria de todas las comunidades y la cifras son demoledoras. A diciembre de 2023, solo se había invertido el 57 % de lo que se anunció cuando se presentaron los presupuestos. Baleares se sitúa ligeramente por debajo de la media de las comunidades autónomas, pero no cumplir los compromisos que se adquirieron al aprobar los presupuestos es un mal extendido en todas las comunidades, donde la ejecución media de las inversiones fue del 62 %, según los mismos datos del Ministerio.
El vicepresident del Govern y conseller d’Economia, Antoni Costa, descarta que este bajo grado de ejecución tenga que ver con el cambio de Govern a mitad de año y niega que el Govern de Marga Prohens no haya querido llevar a cabo las inversiones que proyectó Francina Armengol. En su opinión, este escaso grado de cumplimiento presupuestario tiene que ver con lo que él llama la política del «power point».
Con esta expresión se refiere a que el anterior Govern incluyó grandes inversiones en los presupuestos que en realidad no eran más que simples proyectos trazados en párrafos que no estaban listos para ejecutarse. Como ejemplo, menciona el proyecto de llevar al tren hasta la zona de Llevant. Todos los años aparecían las inversiones en los presupuestos pero luego se ejecutaban, según denuncia. Costa lamenta el bajo grado de eficacia de las administraciones públicas a la hora de concretar las promesas que hacen en los presupuestos. «La realidad es que, al final, los presupuestos que aprueba el Parlament no se cumplen», añade.
Pero Antoni Costa añade otro factor que explica por qué los grandes proyectos que se incluyen en las cuentas de la Comunitat luego no se ejecutan: la complejidad administrativa y la excesiva burocracia. «La Administración, como los ciudadanos, debe cumplir con una serie de trámites excesivos que dificultan que salgan las inversiones», afirma. Todo el proceso es «garantista en exceso» y evita que salgan adelante grades proyectos que son positivos para la Comunitat y los ciudadanos.
Precisamente uno de los proyectos en los está trabajando su departamento es un decreto ley de simplificación administrativa que pretende agilizar trámites y suprimir informes y burocracia para facilitar que se pueda invertir con más facilidades. El decreto eliminará trámites para la Administración, pero también para los ciudadanos. Por ejemplo, una de las medidas que se prevén es la posibilidad de externalizar las licencias municipales para que los permisos se concedan con mucha más agilidad. Hay ayuntamientos que tardan hasta dos años en dar licencias y eso es un tapón para los ciudadanos y los promotores puedan invertir en las Islas. Es una de las muchas medidas que se anunciarán en breve, según el vicepresident.
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