Fosa del cementerio de Son Coletes en la que se exhumaron los cuerpos Aurora Picornell y las rojas del Molinar.

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La portavoz de Vox Baleares, Idoia Ribas, ha registrado este miércoles 10 de abril la proposición parlamentaria para derogar la Ley 1/2018, de 13 de abril, de Memòria y Reconocimiento Democràtico de las Illes Balears.

Aunque la derogación de esta norma formaba parte de los acuerdos de investidura firmados entre PP y Vox en Baleares, hasta ahora se desconocía el alcance de los cambios legislativos. La Proposición de Ley registrada este Martes no deja lugar a dudas. Su intención es derogar íntegramente la ley pero también disolver todas las comisiones, organismos e instituciones de carácter autonómico que se crearon a raíz de su aprobación.

También derogarán el Decreto Legislativo que aprobó el texto refundido de la Ley de subvenciones y todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la nueva proposición registrada por Vox. Esto supone en la práctica la retirada de todas las ayudas a la investigación en materia de memoria histórica pero también a las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Represión Franquista.

Cabe recordar que actualmente el conseller de Vox David Gil, está siendo investigado por incumplimiento de la norma que su partido quiere derogar tras referirse en el pleno del Consell de Mallorca al Golpe de Estado de 1936 como la «última cruzada de liberación». Podría ocurrir que si Presidència sigue demorando el expediente sancionador, Gil evite la multa.

De hecho el artículo segundo de la Proposición de Ley registrada este miércoles se refiere a este asunto. Bajo el título 'Libertad de expresión, libertad de producción y creación y libertad de cátedra', otorga a los poderes públicos la obligación de reconocer y proteger "el derecho a difundir pensamientos, ideas y opiniones de palabra, escrito y cualquier otro medio de reproducción, a la libertad de producción y creación científica y técnica, así como a la libertad de cátedra de manera que los historiadores y todas las personas puedan difundir libremente los resultados y conclusiones de sus estudios y la memoria de las vivencias familiares sobre los distintos episodios de la historia de España, evitando toda intromisión de los poderes públicos en la fijación de una determinada visión de los acontecimientos».