Jordi Buxadé posa para este diario en Algaida. | Pere Bota

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Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) repite como cabeza de lista de Vox en las elecciones europeas del 9 de junio y este martes participó en una comida de afiliados y simpatizantes celebrada en Algaida. El eurodiputado atendió a este diario por teléfono desde el aeropuerto, tras su visita relámpago a Mallorca.

Al llegar a Mallorca habrá experimentado la saturación turística, que ya es rechazada por residentes, visitantes e incluso las patronales. ¿Ve bien que se limite?
—El análisis no es fácil. El turismo es fundamental en España porque da empleo a cientos de miles de españoles y es vital para el PIB. Hay que tomar medidas para que siga siendo una pieza de nuestra economía y creo que no vale el mismo criterio y la aplicación de las mismas medidas para todos los territorios. La situación en islas como Ibiza o Menorca es diferente a Canarias, que tiene mayor capacidad. Hay que tomar medidas, pero sin prohibir e imponer.

La falta de vivienda es otro gran problema en Baleares. ¿Qué medidas tomarían?
—Hay que bajar impuestos y liberar el suelo, que los ayuntamientos tienen secuestrado, y debemos dar garantías a los propietarios para que alquilen. ¿Cuántas viviendas hay vacías por falta de seguridad en caso de que un inquilino deje de pagar? El separatismo ha apoyado al movimiento okupa y, el Europarlamento, con apoyo del PSOE, el PP y el separatismo, aprobó una nueva directiva de eficiencia energética en edificios que los encarecerá más. Ahí votan eso y aquí se lavan las manos.

¿La liberalización no beneficiaría a los grandes propietarios, que son los que pueden comprar?
—La construcción de vivienda pública tiene que tener unas bases para que acabe en las familias. Prioridad para nacionales, también en servicios públicos.

Que millonarios y fondos de inversión extranjeros adquieran pisos provoca un reemplazo de los residentes, que son expulsados por los precios. ¿Restringiría la compra de segundas residencias a no residentes?
—Antes de imponer prohibiciones debemos explorar otras opciones, como la bajada de impuestos para que la vivienda sea más asequible, y establecer mecanismos y garantizar que la vivienda nueva llegue a los españoles.

Dice que «las democracias nacionales están en peligro por la casta oligárquica de Bruselas». ¿Que las grandes corporaciones tengan más poder que muchos estados no le parece más grave?
—Me preocupa igual que la casta o las multinacionales que, como Meta o Google, cierran sus negocios en Bruselas. La izquierda lleva años justificando medidas de control social contra las clases medias y trabajadoras con la excusa climática, haciendo la pinza con las grandes multinacionales. Destrozamos suelo agrario para poner placas, y debemos proteger el medio sin perjudicar a los ganaderos o pescadores.

Critican a las élites cuando muchos de los cuadros de Vox forman parte de la alta sociedad y, como usted, han estudiado en una prestigiosa universidad privada.
—¿Qué tiene que ver? Es una generalización. Entre nuestros militantes hay de todo porque el nuestro es un discurso basado en el sentido común. No tiene nada que ver que haya estudiado en la Universidad Abad Oliva. Gracias a Dios mis padres pudieron prosperar y consiguieron matricularme allí a través de becas.

Diversos medios, incluidos afines a Vox, apuntan a la secta secreta ultracatólica El Yunque como clave del ascenso del partido. ¿Cómo influye? ¿Forma parte?
—Empieza a ser poco objetiva esta entrevista. Son paparruchas de los medios. ¿Se ha demostrado algo? No sabemos qué es y que no, es desinformación para que no se trate lo que proponemos. Llevamos 15 minutos de entrevista y no me ha preguntado por inmigración ilegal en Baleares, el aumento de violaciones grupales o las menores tuteladas explotadas sexualmente.

Hace diez meses que Vox gobierna con el PP en el Consell de Mallorca y en este tiempo se han reconocido varios nuevos casos de menores explotadas.
—No tengo ninguna duda que allí donde esté Vox se intentarán aplicar medidas desde el ámbito competencial. La misión europea de la que formé parte constató que el sistema de tutela es defectuoso. Si los menores son españoles, hay que devolverlos a las familias para no fomentar un modelo de negocio de organizaciones gestoras. Si son inmigrantes, hay que expulsarlos.