Los administradores que tutelan el concurso del Menorca Bàsquet temen que la nueva Ley Concursal, que entrará en vigor el próximo 31 de julio, deje sin efecto el ascenso a la liga ACB ya que la SAD difícilmente podrá tener firmado el convenio de acreedores para esas fechas.
Los abogados que conducen el proceso del club aseguran "desconocer" si el Consejo Superior de Deportes (CSD) autorizará la inscripción del equipo porque "igual no hemos podido firmar un plan de viabilidad", a pesar de que en ningún caso descartan que el Menorca vaya a poder competir en la mejor liga de Europa.
"Es una incógnita, no sabemos cómo se va a interpretar la nueva Ley, pero la amenaza existe", explicaba ayer uno de los dos letrados que guía el concurso. La administración dice que inquirió en su día al consejo de administración de la entidad a acelerar el proceso de firma del convenio, pero una serie de impugnaciones y el desconocimiento de la categoría en la que militaría el primer equipo han detenido el proceso: "Nos pueden denegar la inscripción en cualquier momento. Tenemos una serie de impugnaciones leves que debemos resolver, pero ahora mismo el Juzgado de lo Mercantil está colapsado".
El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2011 un texto en el que modificaba la Ley Concursal para penalizar con el descenso a aquellos clubes que se acogían a la antigua suspensión de pagos, en una maniobra que tiene como función "garantizar la estabilidad e igualdad en las competiciones deportivas".
Un buen puñado de entidades deportivas se abrazaron en 2011 a la Ley Concursal como tabla de salvación, pero ahora el escenario es distinto. Lo que diferencia al Menorca de algunos equipos de la Primera División de fútbol, por ejemplo, es que la gran mayoría ya ha firmado un plan de viabilidad: "A mediados de julio vamos a tener que ir hacia una dirección u otra", advierten los administradores.
"Hay que afrontar una serie de pagos y tenemos que saber si realmente hay garantías de poder asumirlos. Tenemos una responsabilidad como administradores y no podemos embarcarnos en compromisos de futuro sin saber si los vamos a poder cumplir", afirman.
Así, la SAD deberá asumir este riesgo hasta que la nueva Ley entre en vigor y sepa cómo el Gobierno piensa desarrollarla en los clubes deportivos de elite.
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