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Uno de los proyectos que el Govern balear tiene en cartera, en el ámbito de la comunicación, es el de la constitución del Consejo Audiovisual, órgano que será la autoridad competente en cuanto al cumplimiento de la normativa reguladora del sector audiovisual y cuyo campo de actuación se extenderá a las emisoras de radio y televisión públicas y privadas de las Islas. Para la elaboración del correspondiente anteproyecto a remitir al Parlament es previsible que el Govern de Francesc Antich tome en consideración la legislación que regula las funciones y potestades de los consejos audiovisuales ya existentes en otras comunidades autónomas, preferentemente el de Catalunya.

En todo régimen democrático el control político de los medios audiovisuales ha sido una preocupación constante, una obsesión de primer orden. Y no hay que salir de las Islas para comprobarlo. Basta tener en cuenta cómo nacieron IB3 y Televisió de Mallorca, ver su estructura organizativa y el organigrama de sus equipos gestores. Durante demasiados años en nuestro país ha predominado el modelo de televisión militante en detrimento de una televisión absolutamente independiente del poder de turno. Esta situación, como bien sabe el lector, origina numerosas fricciones políticas que a la postre perjudican la credibilidad de estos canales públicos.

La producción externa de contenidos periodísticos y de entretenimiento -fenómeno muy extendido en todos los canales- ha propiciado una comprensible protesta entre los trabajadores de televisión. En el caso de la corporación autonómica balear, resulta ciertamente chocante que a estas alturas los servicios informativos se mantengan adjudicados a una compañía externa (del empresario Jacinto Farrús), lo cual indica que han prevalecido los intereses políticos antes que unos criterios estrictamente profesionales. Y es evidente que invertir la prioridad de intereses no será una tarea fácil mientras el poder y los partidos políticos continúen empeñados en ejercer un férreo control sobre las emisoras de radio y televisión de titularidad pública.

Ante la articulación de un nuevo modelo para IB3 y la creación del Consejo Audiovisual de Balears, al Govern y el Parlament se les presenta una magnífica oportunidad para aparcar los tics militantes y apostar con valentía por unos medios auténticamente independientes. Se trata, a fin de cuentas, de garantizar la plena independencia de la televisión pública balear, más allá de unas intolerables servidumbres partidistas que se han implantado al inicio de cada legislatura. Una independencia que también debe reclamarse para el proyectado Consejo Audiovisual. Y para encaminarse hacia la mencionada independencia es indispensable partir de una premisa fundamental: En los órganos rectores de la radio y televisión de IB3 así como en el futuro Consejo Audiovisual habría que prescindir de los periodistas "marcados" por afinidad ideológica y de cuantos de algún modo se hallan claramente "contaminados" por ejercer en asesorías y gabinetes de prensa de la administración pública. Considero que sería muy recomendable cerrarles el paso y confiar en cambio la responsabilidad de la gestión a profesionales de reconocida valía y experiencia que sean naturalmente in-de-pen-dien-tes. Que haberlos haylos. Porque no conviene olvidar que se trata de servir a los intereses del telespectador, no a los intereses de los grupos parlamentarios y de los partidos gobernantes.

Ahora bien; la incógnita, o la pregunta, radica en saber si el Govern y el Parlament de Balears mostrarán una total disposición para conseguir que la independencia sea una realidad cotidiana en los medios de comunicación públicos. Quede constancia en cualquier caso del aviso que dicta mi escepticismo: Ambas instituciones se limitarán a mantener el sistema de recompensas vigente para premiar unas lealtades sumamente interesadas. Al tiempo.