El histórico edificio de titularidad municipal se abrió al público el pasado mes de marzo. | Javier Coll

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El departamento de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Maó tiene sobre la mesa la propuesta para regular los precios de acceso al Centro de Arte e Historia Hernández Sanz-Ca n'Oliver, un documento que se llevará al pleno de noviembre y en cuyo texto se recoge que la entrada al espacio museístico oscilará entre los tres y los cinco euros. Se podrán beneficiar de una tarifa reducida, según avanzó ayer el concejal de Cultura, Héctor Pons, los residentes en la Isla, jubilados y estudiantes.

Sin embargo, la ordenanza va más allá de establecer un precio de visita, ya que la idea sobre la que se está trabajando, relata Pons, es «crear un marco mucho más amplio» de cara al futuro. Así, también incluirá las tarifas por la cesión de uso de algunas de sus dependencias, como la sala de exposiciones o los salones de actos, de reuniones o el didáctico. Igualmente se recogerán las tasas por la venta de material bibliográfico y se estudia si incluir el uso del patio entre la oferta.

No obstante, la existencia de la ordenanza no implica que se aplique siempre, ya que se podrán hacer excepciones, como en el caso de que las peticiones lleguen de entidades culturales. La intención es que la normativa municipal se pueda empezar a aplicar este invierno con los visitantes del Imserso, que obtendrán una tarifa reducida.

Hasta la fecha, según fuentes municipales, han visitado el espacio museístico cerca de 9.000 personas desde que el centro abriera sus puertas en el mes de marzo. Una cifra que a Pons le resulta suficiente para hacer una valoración «positiva», pero «con perspectivas de mejora... Seguiremos en la línea de hacerlo más visible y darlo a conocer», apunta el concejal.

Los ingresos a través de la nueva ordenanza cubrirán «una parte muy pequeña» de los fondos que  necesita el edificio, en el que actualmente trabajan dos funcionarios del Consistorio y un empleado contratado por la Fundació Destí durante la temporada alta. En el apartado financiero, cabe señalar que solo por el contrato de seguridad habrá que abonar 155.000 euros en cuatro años, una tramitación todavía pendiente del informe de Intervención y que debe pasar por junta de gobierno. En lo que se refiere a las tareas pendientes, Pons cita como prioritaria la reparación del ascensor del edificio, «que nunca ha funcionado bien» y que está estropeado desde hace meses. Al parecer, hay que acometer la reparación de una placa dañada como consecuencia de problemas de estabilización de la corriente. Según las estimaciones del Ayuntamiento, el coste de la actuación rondará los 4.000 euros.