Antònia Allès, consellera de Economía, reiteró ayer las exigencias de conciencia social hacia Kraft. "Cuando compraron El Caserío se comprometieron a dar viabilidad a Menorca", recordó. Este compromiso es el que sustenta las intenciones del Consell de hacer pagar el precio más alto por el cierre de la planta de Maó. "Esperemos que les cueste más de 15 millones porque deben tener en cuenta la suma de la facturación y la afectación sobre otros sectores y estoy segura de que ni ellos mismos pensaban que esta cuantía sería tan alta", comentó Allès. "Todos debemos presionar para que Kraft entienda qué significa cerrar la planta de Maó", emplazó Damià Borràs, conseller de Movilidad.
Para los dirigentes insulares, Kraft debe entender la magnitud de su decisión de cerrar la fábrica de Maó. "Hay empresarios que han hecho esfuerzos inversores importantes, para atender a sus peticiones, que aún no han podido ser amortizadas", recordó la consellera de Economía a modo de justificación de las cuantiosas indemnizaciones que se reclamarán.
En la ronda de contactos con todas las actividades relacionadas con la planta quesera, ayer fue el turno de los transportistas terrestres. Asimismo, Allès emplazó a todos los sectores implicados comercialmente con Kraft a que aporten datos que ayuden a concretar dicha valoración.
Las noticias e impresiones, tras la reunión con los transportistas, no fueron para nada optimistas. "El 80 por ciento de las pequeñas empresas de transporte pueden ser inviables tras el cierre", aseveró Allès. El cese de actividad de la planta de Maó puede repercutir en una pérdida del 20 por ciento en su facturación de dichas compañías. El conseller de Movilidad Damià Borràs aseguró que Kraft mueve anualmente más de 1.500 camiones.
Transporte marítimo
El siguiente paso que afrontará el Consell insular será una reunión con las navieras que operan en Menorca así como convocar de urgencia la Mesa del Transporte Marítimo de Balears a fin de analizar cómo puede repercutir la decisión de Kraft. Las primeras impresiones apuntan a un encarecimiento de las materias primas que lleguen a la Isla, así como una más que probable reducción de las conexiones marítimas tanto con la Península como con Mallorca.
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