Comercios. La zona portuaria de Maó y Es Castell concentra un gran número de negocios

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Ángeles M. Obispo Maó
Confusos y sorprendidos. Así se encuentran la mayoría de comerciantes y empresarios de Maó y de Es Castell que gestionan un negocio en las inmediaciones del puerto. Desde hace unos meses, todos ellos deben pagar la contribución anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los dos ayuntamientos a la vez. Es decir, un empresario que tiene un negocio en Calasfonts debe abonar el IBI al Consistorio de Es Castell y de Maó y otro con un local en el Moll de Llevant debe hacer lo mismo.

En este sentido, el secretario de la Asociación de Bares y Comercios del Puerto de Maó, Manolo Lora, responsable de un local junto a la Estación Marítima explica aún contrariado que abona dos recibos por este concepto; uno al Ayuntamiento de Maó por un importe de unos 70 euros y otro al de Es Castell, por un valor de ocho. Lora, al igual que la mayoría de los comerciantes del puerto, no entiende por qué debe pagar dos recibos y por qué debe abonar un impuesto a un municipio en el que su local no está residenciado. Se da la circunstancia de que hasta ahora, los negocios afincados en el puerto de Maó estaban exentos de pagar la contribución, pero la aprobación de la revisión catastral del muelle comercial realizada en 2008 y la modificación de las ordenanzas fiscales para este ejercicio por parte del Ayuntamiento de Maó, han obligado a estos empresarios a pagar el IBI. "Más que molestos por el nuevo impuesto, lo estamos por la falta de información", explica el secretario de la asociación.

Valoración y reparto
La concejal de Servicios Generales del Ayuntamiento de Maó, Ángels Andreu, reconoce lo difícil que es para un empresario entender que debe pagar la contribución en dos municipios a la vez, pero asegura que tanto el Consistorio de Maó como el de Es Castell no pueden hacer nada al respecto, porque esta sistema viene dictado desde el Catastro. En este sentido explica que la Dirección General del Catastro considera toda la zona del muelle comercial como una sola unidad administrativa y que la nueva valoración catastral aprobada en 2008 se aplica a todas las concesiones administrativas vinculadas a actividades económicas, terrazas, restaurantes y concesionarios de explotación de amarres. Así, según el criterio de reparto aplicado por el Castastro, el 81,40 por ciento del valor de la revisión pertenece al Ayuntamiento de Maó y el 18,60 por ciento al de Es Castell, lo que da lugar a dos recibos. "El Ayuntamiento se reunió con la gerencia regional del Catastro para solicitar que revisara la valoración y el reparto porque para nosotros tiene una gran dificultad bonificar recibos que están divididos". Andreu asegura que la gerencia se comprometió a revisar el reparto, pero que a principios de 2008 se notificó la valoración de forma individualizada a los usuarios y se abrió un período de alegación en este sentido.

Curiosamente, esta revisión catastral también se realizó a las viviendas ubicadas en las inmediaciones del puerto, pero en este caso, sus propietarios abonan sólo un recibo de IBI al Ayuntamiento del municipio donde están ubicadas, lo que según la responsable de Servicios Generales del Consistorio mahonés ha permitido introducir bonificaciones en las ordenanzas fiscales en su favor.

Àngels Andreu advierte que esta rocambolesca circunstancia no sólo afecta al puerto de Maó, sino que se repite en otros muelles comerciales del país al ser considerados por el Catastro como una unidad, en lugar de distinguir los municipios en los que se ubica. Precisamente, la Asociación de Bares y Comercios del Puerto de Maó tiene previsto celebrar hoy una reunión entre sus asociados para abordar este tema y solicitar más información.