Unos 200 bolivianos realizan en el Consell trámites burocráticos

La vicecónsul de Bolivia, Ilse Georgina Céspedes, ha señalado que las peticiones más comunes de los ciudadanos bolivianos se refieren a la expedición del certificado de antecedentes penales y pasaportes para regularizar su situación administrativa en la Isla. Ha subrayado que la nueva constitución política aprobada por Bolivia permite que sus ciudadanos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones de su país, por lo que resulta necesario realizar el proceso de documentación y empadronamiento.

Céspedes ha agradecido al Consell la cesión de sus dependencias para habilitar un oficina temporal del viceconsulado, con la finalidad de aproximar la administración a los bolivianos residentes en la Isla y, con ello, evitar el desplazamiento hasta la sede oficial en Barcelona.

Por su parte, el conseller de Ciutadania i Família, Esteve Ferrer, ha subrayado que el Consell contempla estos acuerdos con paises extranjeros para facilitar que sus ciudadanos puedan realizar los trámites consulares sin desplazarse fuera de la Isla. Ferrer ha asegurado que mediante este sistema cada uno de los ciudadanos bolivianos que ha realizado cualquier consulta en Maó se evitará el gasto de unos 300 euros al no desplazarse hasta Barcelona, además del ahorro que representa para los empresarios el hecho de no tener que conceder permiso laborales para sus empleados.

Una comunidad expuesta a los efectos de la crisis económica
El presidente de la asociación de inmigrantes bolivianos CIBOL, Walter Rodríguez, ha asegurado que la crisis económica también afecta a esta colectivo, con algunos de sus miembros en situación de paro, y en especial a los que no tienen su situación administrativa regularizada. Por ello, Walter ha expresado su satisfacción por el proceso administrativo que impulsa el Estado boliviano. El colectivo de bolivianos residentes en la Isla ocupa, con sus 875 miembros, el quinto puesto de las comunidades extranjeras en la Isla, que encabeza la británica (3.213 personas), seguida de la marroquí (2.393), ecuatoriana (1.755) e italiana (1.248), según informaciones facilitadas por el departamento de Ciutadania i Família. La población inmigrante está formada por 18.300 personas sobre un censo de población total en la Isla de 98.000 ciudadanos.