IMPRESIÓN. Las obras ponen de manifiesto la envergadura de una infraestructura que, según el PP, podría quedar sin acabar si el Govern no pone voluntad política

IMPRESIÓN. Las obras ponen de manifiesto la envergadura de una infraestructura que, según el PP, podría quedar sin acabar si el Govern no pone voluntad política

20/01/10 0:00
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LL.A.C. Ciutadella
Final de mes. Este es el plazo que se ha marcado el Govern balear para alcanzar un acuerdo con Ferrovial en relación a la construcción del dique exterior en Ciutadella. Esa es la fecha en la que el Ejecutivo autonómico debe certificar si las pretensiones de la empresa de aumentar el presupuesto de la obra se atienden, o si no es así, a qué solución se llega para evitar la paralización de la infraestructura.
Una situación que ha despertado la alarma en varios sectores. Ayer, el Partido Popular de Ciutadella salió a la palestra para criticar lo que, a su parecer, es una "demostración de falta de voluntad política por parte del Govern balear". Lo dijo ayer la secretaria general del partido a nivel insular, Antònia Gener, quien aseguró que "nuestras sospechas se basan en que no se está haciendo nada en el proyecto paralelo de Cala en Busquets, cuando existen ya 13 millones de euros presupuestados para esa iniciativa".

En relación al dique, ni Gener ni la presidenta del partido en Ciutadella, Assumpta Vinent, quisieron valorar si la empresa es merecedora del dinero que reclama al Govern balear, pero sí aseguraron que "la obra es una de las que se incluyó en el pacto de gobernabilidad de los seis partidos que regentan el poder, y ellos llevan dos años gobernando y nadie ha dado pasos, pues está claro que no hay ninguna obra pública que finalice sin un incremento de presupuesto, y eso hay que tenerlo previsto", asegura Vinent. Va más allá Antònia Gener, quien recuerda que el proyecto del dique se licitó por un importe máximo de 65 millones de euros, y finalmente fue adjudicado por 50. "¿Dónde están los 15 millones restantes?", pregunta Gener.

A esta pregunta, el Govern balear aclara que ese dinero estaba disponible en el momento de la licitación, pero una vez adjudicado el proyecto, el importe restante vuelve a la caja general de la comunidad autónoma.

El Consell, atento
El PP de Ciutadella también criticó ayer el silencio del Consell sobre el retraso en el dique, "un Consell que hizo bandera de este proyecto e incluso aseguró de haber sido quien había propiciado el consenso", aseguraba Antònia Gener. El presidente del Consell, Marc Pons, salió ayer al paso de estas acusaciones, alegando que "no decir nada públicamente no significa que estemos parados. Estamos atentos, vigilando el proceso en contacto permanente con Ports de les Illes Balears, pero conscientes de que el proceso parte de un origen arriesgado como es una rebaja de 15 millones de euros sobre el importe de licitación".

Pons elude pronunciarse sobre si la empresa tiene derecho a reclamar más dinero al Govern, "entiendo que puede haber disfunciones que modifiquen el proyecto, pero esto tampoco puede aprovecharse por parte de la empresa para recuperar el dinero que no ganó por hacer una oferta tan a la baja".

En lo que sí se posiciona claramente el presidente del Consell es en la necesidad de que la empresa adjudicataria vuelva a instalar la infraestructura para fabricar cajones en Barcelona, tal y cómo se comprometió por escrito.

EM: "Quisieron evitar la oposición ciudadana"
Esquerra de Menorca considera que las desavenencias entre Govern balear y empresa adjudicataria del dique evidencian "cómo los partidos defensores del dique de Ciutadella corrieron para ganar la carrera de los hechos consumados que evitaran la creación de una respuesta contraria en la sociedad". EM reitera que "la construcción del gran dique exterior es un error que pone en cuestión la declaración de Menorca como reserva de la biosfera y desarma el discurso de sostenibilidad y preservación de los recursos de aquellos partidos que han aprobado su construcción".

Esquerra de Menorca recela también del proceso de licitación de la obra: "La actual paralización pone en entredicho las decisiones del Govern balear del PP en la adjudicación del concurso, si realmente se hubieran producido bajas temerarias".