PP. Recuerda que, inicialmente, el centro penitenciario era un centro de reinserción social. - Gemma

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La habilitación del Parador Nacional, la creación del centro sociosanitario en las instalaciones del antiguo hospital Virgen del Toro y la consolidación definitiva del acantilado de Maó son las compensaciones que, a juicio del Partido Popular, debería recibir Menorca a cambio de la construcción y puesta en funcionamiento del centro penitenciario que se proyecta en la carretera de Sant Lluís.

Por este motivo, el PP presentará sendas propuestas de acuerdo ante el Ayuntamiento de Maó y el Consell, para que ambas instituciones negocien con el Gobierno una serie de medidas e inversiones de carácter económico y de servicios que permitan compensar las molestias y la instalación que la instalación de la prisión tendrá para Menorca.

El presidente del PP de Maó, Simón Gornés, reconoció que por lo avanzado del proyecto, Menorca estaba en una "situación de debilidad", dependiendo el éxito de la solicitud de compensaciones de "la capacidad de convencer del PSOE". En este sentido, afirmó que de no prosperar esta petición, se demostraría la "escasísima capacidad de maniobra" de los socialistas.

Desde el PP se explicó el retraso a la hora de plantear esta iniciativa por el "gran engaño y falsedades", en palabras de Juan Manuel Lafuente, portavoz popular en el Consistorio mahonés, que habían rodeado la ejecución de esta infraestructura. "Se nos dijo que el PTI definiría todas las infraestructuras que se desarrollarían en Menorca y el PTI no incluyó ni el Centro de Reinserción Social que se planteó inicialmente ni la prisión que ha acabado siendo", argumentó Lafuente, quien ironizó sobre las compensaciones recibidas hasta ahora en referencia a la medalla al mérito otorgada a Bagur.

Para sustentar su petición, que se debatirá en próximos plenos del Ayuntamiento y el Consell, Águeda Reynés explicó que los populares han realizado un estudio sobre las contrapartidas recibidas por municipios como Archidona o Soria y sobre el decreto que las regula en Cataluña -única comunidad autónoma con las competencias de justicia transferida.