Los responsables. Jordi Sintes, Francisco Parpal, Ramón Sintes y Rosendo Vico - J. S.

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Una cooperativa con cien socios, un centenar de viviendas, asistencia, servicios comunes, un techo edificable de 10.000 metros, una inversión de 150.000 euros por socio cooperativista y la llave de su futuro.

Los impulsores de la construcción de un complejo asistencial de 120 viviendas en Maó, que se gesta como un seguro de vida para la tercera edad, acotan su búsqueda de solar a tres zonas.

La Punta des Rellotge podría ser una opción, una segunda propuesta es la zona del antiguo Hospital Militar y la tercera y mejor valorada por su ubicación, las inmediaciones del cuartel de Santiago.

Serán los socios cooperativistas quienes decidan la ubicación idónea del complejo.

El entorno urbano de Maó es su prioridad máxima, "debemos facilitar el desplazamiento de personas de la tercera edad y no ubicar estas viviendas en zonas con poca comunicación con el centro histórico de Maó" explican.

La idea de promover un bloque de viviendas asistenciales de unos 50 metros cuadrados nació de varias conversaciones entre cuatro compañeros, Francisco Parpal, Jordi Sintes, Ramón Sintes y Rosendo Vico, quienes se percataron de que la entrada en la tercera edad en muchos casos no ofrece otras posibilidades que acudir a un centro geriátrico o contratar a terceras personas para recibir asistencia, ambas con un elevado coste.

A partir de esta problemática, surgió la propuesta de crear una cooperativa con el objetivo de mancomunar unos servicios asistenciales en que los cooperativistas tendrán garantizada su plaza y el derecho a usar todas las instalaciones.

Para que el proyecto llegue a ver la luz, son necesarios cien socios, cuya condición única es que tengan más de 55 años de edad y que no sean dependientes, con una aportación económica de unos 150.000 euros, "aunque todo depende del volumen final del proyecto".

Francisco Parpal añade que para iniciar los trámites y empezar a caminar hacia la creación del complejo son necesarios unos 80 socios.

En caso de que no se llegue a la meta marcada, los impulsores barajan la posibilidad de ejecutar el proyecto en dos fases.

Y barajan cifras de entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo. Para los cuatro promotores de la idea, básico es el sentimiento de propiedad.

"El socio tendrá acceso a servicios comunes pero sin tener que ver afectada su intimidad ni propiedad por ellos".

El complejo podría contar con comedor, servicio de limpieza, atención médica, ATS, compañía, gimnasio, piscina o jardines, unos servicios que se implantarán según las preferencias de los socios cooperativistas.

Francisco Parpal añade que el coste de unos servicios mínimos para los cooperativistas podría rondar los 200 euros mensuales mientras que para los dependientes rondarían los 900 euros.

Indica que "los mismos servicios aunque ofrecidos en centros geriátricos rondan los 2.000 euros mensuales y eso que apostamos por mantener la intimidad del individuo".

Este proyecto novedoso y pionero en la Isla ha recibido el respaldo de la administración local e insular.

Rosendo Vico apunta que ya hay varios menorquines interesados en la idea aunque aún queda un largo camino que recorrer para hablar de realidades.
La cooperativa se constituirá en paralelo a la compra del solar para su emplazamiento.

Tras la redacción del proyecto y su adjudicación se iniciaría la construcción.

Parpal pone la mirada en dos años, tras la constitución de la cooperativa, para la entrega de llaves.

Otro municipio se ha interesado por la propuesta
El equipo de promotores de esta iniciativa pionera en la Isla apuesta por el emplazamiento del complejo en el núcleo urbano de Maó y de momento no se baraja otra posibilidad.

A pesar de ello informan que "un ayuntamiento muy cercano a Maó" se puso en contacto con el grupo impulsor interesándose en que el edificio se emplazara en su término municipal.

Cabe recordar que el techo edificable de la iniciativa es de unos 10.000 metros, para que la infraestructura contemple 120 viviendas de unos 50 metros cada una, además de un 40 por ciento destinado a los servicios comunes.