Damià Borràs. El conseller de Movilidad defiende su gestión durante el pleno celebrado ayer - Javier

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El pleno del Consell acordó ayer por unanimidad solicitar al Ministerio de Fomento que estudie aplicar una moratoria para la implantación del tacógrafo digital en los camiones y autobuses que circulan por Menorca, y que, a la vez, analice la posibilidad de eximir a las empresas de la Isla de dicha obligatoriedad. La propuesta de la Conselleria de Movilidad, que recoge la petición de la Asociación de Transportistas de Menorca (ASTRAME), salió adelante con el voto de todas las fuerzas políticas, pero no sin motivar un nuevo enfrentamiento entre el titular del área, Damià Borràs, y el conseller del PP, Juan Domínguez, ya que éste recriminó al responsable de carreteras no haber actuado antes, teniendo en cuenta que la modificación de la normativa hasta ahora vigente se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de julio.

La obligación de instalar el tacógrafo está vigente desde el pasado 1 de enero y afecta a las islas menores de Balears y Canarias, hasta ahora exentas de que los transportistas por carretera implantaran dicho aparato.

Flota
Desde noviembre de 2009, cuando ASTRAME comenzó a impartir cursos sobre la utilización del tacógrafo, la patronal había lamentado el perjuicio de la nueva normativa para las empresas que trabajan en una isla de las dimensiones de Menorca y esperaba una respuesta política que se produjo ayer, ante diferentes representantes del sector que se sentaron entre el público asistente a la sesión plenaria del Consell. La supresión de la exención de las islas menores afectaba en Menorca a una flota de alrededor de 800 autobuses y camiones en un momento, según señaló el conseller de Movilidad, Damià Borràs, de dificultades para la mayoría de empresas.

Para el conseller del PP, Juan Domínguez, la reacción del Gobierno insular, casi siete meses después de que se publicara la medida, es tardía y no resuelve el problema de la inversión que han realizado ya algunos transportistas para instalar el tacógrafo, que oscila entre 1.200 y 3.200 euros por vehículo, dependiendo de si el dispositivo es analógico o digital. "Si no lo consigue ¿qué pasará?", preguntó Domínguez al conseller de Movilidad en relación a la solicitud planteada al Ministerio de Fomento de aplicar la moratoria. "Y si lo consigue ¿qué pasa con la inversión que han hecho los empresarios? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Dónde estaba el Govern?", continuó Domínguez interrogando a Borràs, quien finalmente recordó al conseller popular que tampoco su grupo había planteado ninguna propuesta hasta ahora en respuesta a la reivindicación de los transportistas.

También se refirió Domínguez a la seguridad en las carreteras y advirtió al conseller de Movilidad de que "están produciéndose situaciones muy peligrosas" en la red viaria, especialmente de adelantamientos, por lo que el conseller de la oposición arremetió, una vez más, contra el socialista Damià Borràs por el retraso que acumula el Plan Director de Carreteras. Éste por su parte aseguró que la seguridad vial "no la ha amenazado nunca ningún transportista" y afirmó que la propuesta recogió la reivindicación de ASTRAME "porque es una buena petición", a la vez que señaló que la mayoría de las empresas de transporte de la Isla son de tipo familiar y atraviesan actualmente momentos de dificultad, por lo que se pide la moratoria de los tacógrafos.