El pacto de gobierno en el Consell está seriamente tocado. La consellera de Economía y Medio Ambiente, Antònia Allès, admitió ayer que "alguna cosa se ha roto" entre el partido que dirige, el PSM, y sus socios de gobierno en el Consell, el PSOE, aunque no habló de la extinción del pacto, pero sí de "decepción" y de "desconfianza" hacia algunos dirigentes socialistas. Lo hizo en una rueda de prensa posterior a su declaración en los juzgados de Maó como testigo, citada debido al recurso que el Ayuntamiento de Sant Lluís interpuso contra el Consell a raíz de las prescripciones introducidas a la revisión de las Normas Subsidiarias. Un contencioso que, pese al compromiso entre PSOE y PSM en 2007, cuando se firmó el pacto de gobierno municipal, el Ayuntamiento no ha retirado.
El alcalde, Llorenç Carretero, firmó el pasado jueves una resolución en la que pide la suspensión durante 60 días del litigio. La secretaria general del PSM, quien compareció en la sede del partido acompañada del concejal de Sant Lluís, Remi Lora, y de Joan Lluís Torres, miembro de la Ejecutiva nacionalista, aseguró desconocer el curso legal seguido por la resolución firmada por Carretero, aunque horas después el PSOE informó del registro oficial de la misma, en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), a las 12 del mediodía.
Incumplimiento
El responsable de Urbanismo de Sant Lluís, Remi Lora, afirmó que la resolución firmada por el alcalde "es bienvenida pero llega tarde", casi tres años después de que se firmara un pacto de gobierno que el PSM considera que no se ha cumplido, ya que uno de los puntos acordados era la paralización del contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento contra el Consell.
El concejal afirmó que la próxima semana los nacionalistas estudiarán su nueva estrategia y la consellera Allès no descartó pedir que se cree una comisión de investigación en el Consell para esclarecer lo sucedido. Visiblemente dolida, la dirigente del PSM afirmó conocer ahora que el TSJB se dirigió a la institución en julio de 2009 e informó de que se reclamaba la prueba testifical, y que el Consell remitió los datos personales de la consellera, sin que ésta fuera informada de nada.
Antònia Allés supo que tenía que ir a declarar el pasado día 16 vía telegrama y acudió al juzgado a informarse, pese a que el Consell había nombrado un abogado, en diciembre de 2004, para llevar el caso. "Al mirar los expedientes hemos empezado a comprobar cosas, con preocupación y desconfianza", manifestó Allés. Joan Lluís Torres por su parte recordó que las prescripciones introducidas por el PSM no recibieron ningún voto en contra en el pleno del Consell -PSOE y PP se abstuvieron-, y las Normas Subsidiarias de Sant Lluís fueron aprobadas por el PSOE, con el voto de calidad de la presidenta, entonces Joana Barceló, y la abstención nacionalista. Una votación pactada entre los socios de gobierno para resolver los conflictos que generaba "la política depredadora" del territorio que, según Torres, se aplicaba en Sant Lluís.
Borràs defiende que se ha actuado con rigor
Hay silencios que son más elocuentes que cualquier discurso, y el que se produjo ayer, cuando se preguntó a los dirigentes del PSM por sus relaciones con el presidente del Consell, Marc Pons, dejó claro que va a ser difícil recomponer la relación entre los socios de gobierno. Las miradas entre Lora, Allès y Torres y la frase de este último, "ya está contestado" dio a entender que el presidente puede ser una de esas personas en las que no se confía plenamente.
No compareció Marc Pons ante los medios en la sede insular del PSOE, ni tampoco lo hizo el alcalde de Sant Lluís, Llorenç Carretero. En su lugar Damià Borràs y Carol Marqués fueron designados por el partido para explicar la situación creada a raíz de la citación de la consellera Antònia Allés en los juzgados. Según señaló el conseller y miembro de la Ejecutiva socialista, para evitar "personalizar" y porque "las divergencias han sido políticas, y el presidente y el alcalde tienen que estar por encima de las controversias de partido".
Un pacto público
Borràs recordó que el pacto PSOE-PSM-Verds se hizo público el 16 de junio de 2007, por lo que rechazó las "insinuaciones" vertidas por los nacionalistas, sobre el supuesto interés del PSOE en que "algún particular hiciera algún movimiento". El conseller se mostró no obstante conciliador y aseguró que las diferencias surgidas en torno al contencioso urbanístico de Sant Lluís se pueden resolver con diálogo y en la mesa del pacto de gobierno.
"Entendemos que hemos actuado con rigor, transparencia y normalidad", afirmó Borràs en relación a la tramitación del expediente que, según añadió, ha afectado a diferentes departamentos, tanto los dirigidos por el PSOE como los del PSM-Verds. "Como en cualquier otro contencioso, el Consell nombró un abogado y ha ido dando respuesta a las peticiones de los tribunales", subrayó, pese a no explicar por qué la consellera Antònia Allès no fue informada por ninguno de sus compañeros de equipo de gobierno o de los funcionarios de la institución sobre el requerimiento de la prueba testifical.
Comisión
Damià Borràs afirmó que crear una comisión de investigación en el Consell, sobre el contencioso con Sant Lluís, "es una posibilidad, y el PSOE está dispuesto a abrirla si es necesario, aunque entendemos que no lo será". Borràs insistió en que hay "mecanismos" para abordar las diferencias surgidas en los últimos días dentro de la comisión de seguimiento del pacto.
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