Para el alcalde de Alaior, Pau Morlà, el auto judicial avanzado ayer por este periódico sobre la promoción Princesa Son Bou no cambia prácticamente nada en la actual situación. De hecho, el primer edil entiende que ahora está en manos de la promotora desencallar la situación.
Morlà entiende que el auto judicial solicita al Consell que explique cómo cree la institución insular que sí ha dado cumplimiento a una sentencia que la promotora cree que no se ha ejecutado. Pues bien, en este sentido el alcalde de Alaior entiende que el Consell ha cumplido su parte, que era aprobar antes de finales de 2009 la adaptación del Plan General al Plan Territorial Insular (PTI). No obstante, este trámite no es suficiente para desenredar, prosigue Morlà, el meollo de esta cuestión. Cabe recordar que el PTI trasladó los derechos de construcción que Princesa Son Bou tenía sobre una zona de esta urbanización, y los colocó más alejados de la playa, en una Área de Reconversión Territorial (ART) donde también se hallan los derechos edificatorios de la cadena hotelera Sol Melià y de un particular, Antoni Pons. La promotora Princesa Son Bou SL pasó, de este modo, de poder construir 106 apartamentos en su posesión original a tener derecho a una parte de las 900 plazas hoteleras que, como máximo, se pueden levantar en esta ART. La clave de esta cuestión es saber si, con esta decisión, Princesa Son Bou SL perdió o no dinero. Y esto, concluye Morlà, no se puede saber aún y solucionarlo está en manos de la promotora.
¿Cómo? Con la confección del Plan Parcial que ordene el Área de Reconversión Territorial. Este documento, entiende el alcalde, deben redactarlo los promotores de la zona, en este caso la propia Princesa Son Bou SL, la cadena Sol Melià y el particular Antoni Pons. Será en este documento más detallado cuando se podrá saber al milímetro qué derechos edificatorios exactos tendrá la promotora litigante, cuántas plazas hoteleras podrá levantar y, en definitiva, el valor de la nueva edificación y si éste es menor que el inicial y, por lo tanto, tiene derecho a una indemnización.
De hecho, el propio auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Palma ya especifica que "es necesario que se indemnice a la parte recurrente", en este caso la promotora Princesa Son Bou. Pero acto seguido añade que "con el fin de ejecutar la sentencia es necesario que el Consell de Menorca informe sobre el resto de extremos del fallo de la sentencia, así como de lo alegado el recurrente, con el fin de fijar una indemnización en su caso". De nuevo se hace necesario calcular la cantidad económica que, si se diera el caso, debería percibir la promotora, y para ello, insiste Pau Morlà, es necesario la confección del Plan Parcial. Un documento que aprobará el Consell en su día, pero que debe ser redactado por la iniciativa privada en un plazo máximo, entiende el alcalde, de cuatro años.
La promotora guarda silencio hasta una sentencia firme
Los responsables de Princesa Son Bou SL declinaron ayer realizar cualquier declaración sobre el auto judicial que, en cierto modo, les da la razón. Consultados por este periódico, aseguraron esperar a que el caso llegue a su final para realizar las oportunas valoraciones y, mientras tanto, aseguran guardar silencio para no entorpecer la labor de los jueces.
Mientras, fuentes próximas al Consell han exteriorizado su extrañeza por el hecho de que el auto judicial se dictara sin haber consultado, dicen, a la propia institución insular. Entienden que si el auto reclama al Consell que clarifique cómo cree que ha ejecutado la sentencia, se le podría haber preguntado directamente antes.
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