Alrededor de un centenar de trabajadores, de los 460 que se verían afectados por el recorte salarial en el Consell, se manifestaron ayer a las puertas de la sede insular, en la Plaza de la Biosfera, para protestar por las medidas que aplicará el Gobierno para contener el déficit público. Convocados por la junta de personal y el comité de empresa, los empleados públicos salieron a la calle bajo lemas como "No a los recortes sociales" o "La crisis que la paguen los que la han provocado", y reivindicando su condición de "currantes como todos" frente al "mensaje de división" entre trabajadores públicos y privados que, según afirmó José Cabezas, presidente de la junta de personal, se está lanzando.
A través de un comunicado, al que se dio lectura en la concentración, los miembros de la plantilla del Consell rechazaron entrar en esa "guerra ficticia" y afirmaron que el plan de ajuste del Gobierno no ayuda a salir de la crisis "la empeora". Además, los representantes de los trabajadores públicos temen que los recortes anunciados "no son el final de nada, sino el principio de futuros recortes aún más drásticos".
Los responsables de la junta y el comité del Consell hicieron hincapié en que los trabajadores de la institución engloban diferentes profesionales, desde administrativos, bomberos, ingenieros, psicólogos, cuidadores y educadores, hasta personal de limpieza, brigada de carreteras, conserjes, celadores u ordenanzas; una plantilla variada con una escala salarial también diversa, sobre la que aún se desconoce cómo se aplicará la bajada del 5 por ciento planteada desde el Gobierno central.
"No se lo merecen"
La concentración se celebró momentos después de que abandonara la sede del Consell el presidente del Govern, Francesc Antich, quien realizó ayer una visita a Menorca. Preguntado sobre la movilización de los funcionarios y empleados públicos, Antich afirmó que las medidas están "afectando a colectivos que no se lo merecen", pero añadió que el control del déficit en España ha sido una cuestión "que ha puesto sobre la mesa Bruselas" y, sobre las medidas de recortes, el presidente balear admitió que "no sabemos aún hasta dónde llegarán". Antich declaró que el esfuerzo que reclama el Gobierno central "debe ser colectivo", afectando también a la fiscalidad, "eliminando gastos suntuarios" y también con recortes en los sueldos de los políticos ya que, aseguró, "nadie entendería que no nos viéramos afectados".
No obstante, el presidente del Govern recordó, en la rueda de prensa ofrecida con motivo de la presentación de la policía turística, que "hace dos años que esta Comunidad Autónoma tiene congelados los sueldos a los políticos, y desde 2009 hay un Plan de Estabilidad de 15 millones de euros para dar respuesta a necesidades básicas", aseguró.
Antich también se refirió a la bajada del 6 por ciento en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010 respecto a los de 2009, lo que ha supuesto un recorte de 200 millones de euros y es un porcentaje que dobla el descenso presupuestario máximo aplicado en otras autonomías (un 3 por ciento).
En cuanto a la respuesta fiscal a la crisis y el gravamen a las rentas más altas, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que "los esfuerzos deben ser colectivos" y además de afectar al gasto en la Administración, deben realizarse también por la vía de los ingresos, que se han visto mermados.
En este sentido Antich se mostró dispuesto a dialogar con el PP y analizar conjuntamente las medidas propuestas por el Gobierno central. El presidente manifestó, en relación con las peticiones de la Unión Europea, que deberían aumentar también las "medidas contra la especulación" ya que "el origen de la crisis no es el gasto público sino la especulación, que está poniendo en peligro las instituciones y la moneda europea".
Por su parte, el presidente del Consell, Marc Pons, en relación a la concentración de los trabajadores, manifestó su respeto hacia la plantilla y aseguró que "los esfuerzos serán de todos, en primer lugar de la dirección de esta institución", pero al mismo tiempo declaró que no hay ninguna decisión tomada en firme sobre la reestructuración de consellerias y de direcciones insulares.
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