convocatoria. El plazo para realizar el pleno es de 15 días, si el equipo de gobierno acepta la petición - Archivo

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El Grupo Popular en el Consell ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la reducción del gasto público en la institución. Según afirmó ayer la portavoz del PP, Juana Francis Pons Vila, es la primera vez que la oposición reclama una sesión extraordinaria pero ésta se justifica porque "la situación es complicada y lo requiere".

Los 'populares' plantearán en dicho pleno -que deberá ser convocado en un plazo de 15 días si el presidente del Consell acepta la solicitud-, una propuesta de acuerdo con un decálogo de medidas para recortar el gasto. Entre dichas medidas el PP incluye la eliminación de dos consellers no electos y la supresión de doce puestos de trabajo destinados a direcciones insulares, "no por una cuestión de personas, sino porque el Consell no tiene competencias en muchas de esas materias y cuenta con funcionarios de nivel y formación" para hacer el trabajo que realizan los actuales directores, señaló Pons Vila.

Asimismo, el PP pide la reducción del sueldo de los políticos en la misma proporción en la que se rebajen sus retribuciones los miembros del Gobierno español y del Congreso; una rebaja lineal del 15 por ciento en las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otras entidades que no generen un retorno productivo; y un recorte del 15 por ciento en los gastos corrientes del Consell y del 50 por ciento en el caso de la publicidad institucional, las publicaciones y los carteles, "todo lo que sirve sólo para hacer autobombo del equipo de gobierno", manifestó la portavoz del PP.

Completan el nuevo decálogo por la austeridad del PP las medidas de reducción del 25 por ciento de gastos protocolarios y viajes; la puesta en marcha de un plan de simplificación administrativa, para evitar que la burocracia frene proyectos y "desanime" a posibles inversores; y la reducción a la mitad del número de contrataciones externas para realizar trabajos y funciones que pueden ser desarrolladas por técnicos y personal del Consell ya que, según Pons Vila, la institución abusa de este tipo de contratos.