Los alcaldes menorquines, como los de tantos municipios españoles, están desorientados ante la prohibición de endeudamiento decretada por el Gobierno central y cuya entrada en vigor se retrasó, en menos de 24 horas. Las entidades locales tienen ahora margen para firmar créditos a lo largo de 2010, un cambio de última hora que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, calificó de error "sin importancia" pero que evidenció un nuevo vaivén en las decisiones del Gobierno.
La mayoría de los ediles consultados ha optado por la prudencia y ha eludido valorar tanto el decreto publicado el lunes como el que recogía ayer el Boletín Oficial del Estado con la rectificación, que fija enero de 2011 como plazo máximo para contraer deuda.
'Sin comentarios' es la opción de los alcaldes socialistas y de izquierda, amparándose en la necesidad de coordinar actuaciones y de realizar un análisis conjunto en el seno de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), que se reunirá mañana en Palma después de que ayer la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no alcanzara un acuerdo unánime sobre la medida del Gobierno. Con la excepción de Pau Morlà, el alcalde de Alaior, quien aseguró que el aplazamiento de la prohibición da un "respiro" al municipio, que acaba su único plan plurianual, el de dinamización del producto turístico, este año. Morlà subrayó que Alaior ha cumplido su propio plan de estabilidad, que ha impedido elevar la deuda por encima de la cifra de amortización, y reconoció que habrá que "hacer esfuerzos" por mantener los planes de instalaciones culturales y deportivas y de cooperación insular.
Improvisación
El alcalde de Es Castell, Juan Cabrera, del PP, también se sintió aliviado ayer al conocerse la rectificación del decreto, cuya aplicación inmediata, afirmó, hubiera conducido al "colapso" municipal. Lo cual no evitó que se mostrara crítico con la actuación del Gobierno, al que acusó de una "improvisación generalizada". Cabrera afirmó que los alcaldes necesitan "regularidad" para programar actuaciones. "Los ayuntamientos son los que están en contacto con los ciudadanos, los que reciben sus quejas y necesidades, y somos los peor tratados", declaró, al tiempo que reclamó también "medidas drásticas" de recorte de la deuda "en los ministerios y las comunidades autónomas, que son agujeros negros de tragar dinero".
El PP afirma que se perderán fondos de la UE
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, se atribuyó ayer el mérito de la "corrección" anunciada por el Gobierno, del Real Decreto-Ley 8/2010, al afirmar que el Ejecutivo vio razonable dicha rectificación "tras la intervención de la FEMP" en la reunión mantenida el lunes por ambos.
Sin embargo, durante la comisión ejecutiva de la FEMP, celebrada ayer, los representantes de los distintos grupos políticos no llegaron a un acuerdo sobre el decreto. Los representantes 'populares' se opusieron a la medida y exigieron que las corporaciones locales tengan la posibilidad de solicitar créditos "al menos durante el año 2011", pero el presidente de la institución reclamó mantener "una actitud de Estado".
Castro consideró que el problema que tenía la FEMP está resuelto con la corrección, porque "permite que en 2010 no haya absolutamente nada que impida que los ayuntamientos puedan desarrollar sus presupuestos, obras y políticas sociales". En este sentido, el presidente de la Diputación de Zamora y portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maillo, manifestó que las medidas "son una auténtica barbaridad" y "una decisión injusta, adoptada con nocturnidad y alevosía", que afectará a numerosas obras que cuentan con fondos europeos y cuyo gasto es "plurianual", suponiendo la imposibilidad de endeudamiento la pérdida de los mismos.
En cuanto a la reducción de los sueldos de los cargos políticos, la FEMP aprobó una tabla de recortes salariales para los alcaldes, concejales, presidentes de diputación, consells y cabildos, diputados provinciales, y altos cargos de la Administración local que oscilará entre el 0,25 y el 15 por ciento, según los tramos salariales. La medida fue apoyada por todos los miembros de la ejecutiva de la FEMP, reunidos ayer en Madrid, y por lo tanto la reducción salarial será vinculante para todos los ayuntamientos y entidades locales. La escala es la misma que la aplicada en la Administración General del Estado.
El Consell firmó su último crédito en abril
El Consell, que por su condición de corporación local también se ve afectado por el decreto, aprobó contraer su último préstamo destinado a inversiones recientemente, en el pleno del pasado 26 de abril. Hace un mes que la mayoría formada por PSOE y PSM-Verds aprobó -el Grupo Popular se opuso-, la contratación de un crédito por un importe de 5.885.412 euros con la entidad financiera Dexia Sabadell, S.A. y con un periodo de amortización de diez años y uno de carencia de un año. Durante ese tiempo de carencia el Consell puede disponer del dinero gradualmente sin sobrecoste, según se recoge en el acuerdo plenario a propuesta de la Conselleria de Servicios Generales y Trabajo. El equipo de gobierno apeló a la capacidad recaudatoria y de retorno del Consell para justificar un préstamo que, según denunció el PP, situó a la institución en el mayor nivel de endeudamiento de su historia, 42,3 millones de euros al cierre de 2010, y que se ha duplicado desde 2004, lo que obliga a pagar al año unos 4 millones en concepto de capital e intereses.
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