El próximo 1 de junio se harán efectivas las medidas de recorte del déficit público en el Consell, que implicarán el cese del conseller de Ciudadanía y Familia, Esteve Ferrer, y de seis directores insulares, además del recorte del sueldo de todos los cargos políticos de la Corporación y de la plantilla, que notará la bajada salarial, de entre un 0,56 y un 7 por ciento, en la nómina del mes que viene.
La propuesta, presentada ayer en la junta de portavoces de la institución y horas después a la prensa, deberá ser aprobada en un pleno extraordinario y monográfico, que se celebrará el lunes día 31, para debatir el plan de ajuste aprobado ayer en el Congreso de los Diputados y su repercusión en la Administración insular.
El área de Ciudadanía y Familia se integrará en la Conselleria de Acción Social, que dirige Noemí Gomila, y las direcciones insulares que se suprimen son las de Proyectos (adscrita a Presidencia), Cooperación Local e Innovación y Vivienda (ambas de la Conselleria de Cooperación Local), Gestión de Recursos Sociales (perteneciente a Acción Social), Medio Ambiente (Conselleria de Economía), y Educación (dependiente de la Conselleria de Cultura, Patrimonio, Educación y Juventud). Los directores salientes son Núria Capó, José Luis Sintes, Montserrat Berini, Raül Escandell, Bartomeu Febrer y Cecilia Padrós.
Tras la remodelación, el organigrama del gobierno insular estará formado por diez consellerias y 18 direcciones insulares. La reestructuración, según explicó ayer el presidente del Consell, Marc Pons, junto con los portavoces del PSOE, Damià Borràs, y de PSM-Verds, Antònia Allès, permitirá a la institución ahorrar 271.500 euros en lo que queda de 2010 y 465.500 euros en 2011.
Dos ejercicios
El plan de austeridad se ha diseñado para dos ejercicios, 2010 y 2011, en los que se espera ahorrar un total de 2,8 millones de euros que se destinarán a amortizar la deuda pública. El Consell insular debe 41 millones de euros, una cifra que supone el 91 por ciento de los ingresos y que está 19 puntos por debajo de lo permitido por ley, que es el 110 por ciento.
El presidente de la Corporación recordó que el recorte viene impuesto por las exigencias de reducción del déficit público por parte de la Comisión Europea a España, no por la incapacidad de las personas que hasta ahora han ocupado los altos cargos que se suprimen. Pons aseguró que ahora a los cargos políticos se les pide "más trabajo y más esfuerzo cobrando menos", algo que también se les exigirá a los trabajadores públicos por lo que, añadió, "el que debe hacer el primer esfuerzo es el gobierno".
Con la rebaja salarial de la plantilla el Consell ahorrará 1.100.000 euros; con la reducción de los sueldos de los cargos políticos, tanto consellers ejecutivos y directores como consellers de la oposición, 439.200 euros; con la remodelación del organigrama 737.000 euros; con la rebaja de sueldos del personal de las entidades públicas de la institución 99.700 euros y con la reducción de salarios en las entidades participadas 285.575 euros; y con otras medidas de austeridad 180.872 euros.
Estos últimos recortes afectan a la partida destinada a los grupos políticos que forman la Corporación (un 15 por ciento menos), a las asignaciones a organizaciones empresariales y sindicatos (15 por ciento), a los gastos de protocolo -fundamentalmente recepciones y actos públicos, que se limitarán a casos excepcionales-, y a las partidas destinadas a difusión y comunicación, que también se rebajarán un 15 por ciento.
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