Los perjudicados por la presunta estafa de la funeraria de Ciutadella no parecen dispuestos a dejar que el procedimiento que instruye el Juzgado número 1 duerma el sueño de los justos. Desde que la Associació en Defensa de sa Propietat se dirigiera el pasado mes de marzo al juez Sergio López para pedirle que tome declaración a otras doce personas, el proceso no ha experimentado avances significativos. Un dato nada extraño, si se tienen en cuenta las montañas de folios que crecen apiladas en los Juzgados de Instrucción y que engordan cada día la burocracia del sistema. Los afectados por la estafa no quieren que decaiga el interés el proceso, y han decidido, por ello, tocar nuevamente a la puerta del juez. En un escrito registrado el pasado jueves en el Decanato de los Juzgados de Ciutadella, los perjudicados vuelven a la carga. Piden al magistrado que, aun admitiendo la "carga de trabajo del Juzgado", dé respuesta a sus solicitudes, "habida cuenta del tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la instrucción". Entre ellas, la de oír su declaración en tanto que perjudicados.
Más de dos meses
Los primeros estafados prestaron declaración el pasado 26 de marzo, apenas dos semanas después de recibirse por burofax las citaciones. Se trataba de las primeras diligencias que llevaba cabo el Juzgado número 1 de Ciutadella desde que, en abril de 2008, la Associació en Defensa de sa Propietat decidiera denunciar a la funeraria por la vía penal.
El secretario judicial tomó declaración ese día a tres propietarios de títulos funerarios a los que se había citado expresamente como perjudicados en la estafa. En uno de los casos, la afectada declaró que se había dirigido a la UTE Funeraria Bonet SCP-Edifincas Menorca SL para solicitar la exhumación e incineración de los cuerpos de unos familiares, y que ésta se realizó, pese a que el permiso no llegó a solicitarse jamás a la Conselleria.
En otro caso, la concesionaria de los servicios funerarios se puso en contacto con una mujer para decirle que había que exhumar los cuerpos de su padre y de su madre para poder colocar el de su difunto esposo, pero que ella no autorizó la exhumación. Según la declarante, el permiso correspondiente no se solicitó, lo que no fue obstáculo para que se lo pasaran a cobro.
La tercera estafada explicó que la empresa se puso en contacto con ella para decirle que había que exhumar los restos de su padre fallecido. La familia compró un nicho para colocar el cuerpo. Tras dirigirse al Govern, para averiguar si se había pedido la autorización correspondiente, se le contestó que no constaba en sus archivos ninguna solicitud, ni mucho menos un permiso. En algunos de estos casos, en el momento de la declaración los perjudicados ya habían conseguido, sin embargo, cobrar a través del Ayuntamiento las cantidades que la UTE les había facturado de forma, cuanto menos, poco clara.
Nuevo ofrecimiento
Tras estas primeras declaraciones, la Associació en Defensa de sa Propietat, decidió que el procedimiento debía abrirse a un número mayor de afectados, ya que, según sus cálculos, la estafa podría alcanzar a un grupo de 22 personas. Por esta razón, el colectivo que preside Joan Pons Florit se dirigió por escrito al Juzgado los días 29 y 30 de marzo para pedir que se hiciera el ofrecimiento de acciones a otros 12 presuntos perjudicados. En la mayoría de los casos, personas que abonaron como usuarios de los servicios funerarios unos permisos de exhumación que no fueron obtenidos jamás, o bien fueron obtenidos de forma extemporánea; esto es, meses después de practicadas las exhumaciones. Se da la circunstancia, además, de que muchos de estos permisos fueron cobrados por la UTE sin ni siquiera haber sido solicitados por los interesados. Uno de los afectados personados en el procedimiento tiene otro motivo para querer declarar: afirma que padeció el intento de consumación de una presunta estafa, en grado de tentativa, cuando, al exigir a la empresa que le exhibiera los tres "permisos" que le quería pasar a cobro, descubrió que dichas autorizaciones, ni se habían obtenido, ni habían sido solicitadas siquiera al organismo competente.
Nueva documentación
Para la Associació en Defensa de sa Propietat, a quienes los perjudicados han otorgado un poder especial para representarlos, existen motivos más que suficientes para que el Juzgado llame a declarar a todas estas personas. Durante los meses de abril y mayo pasados, se presentó en el Juzgado nueva documentación, relevante para el caso, que prueba, según la asociación, que la UTE puede haber cometido una estafa en toda regla. Entre estos papeles, se encuentra parte de la documentación que no había sido entregada por el Ayuntamiento de Ciutadella, amén de otra que no se incluyó en los escritos presentados por la asociación que defiende la propiedad de los títulos funerarios.
Sin noticia de los oficios
Esto es, precisamente, lo que recuerdan los afectados en el nuevo escrito que tuvo entrada en el Juzgado la semana pasada. En él, insisten, además, que, a día de hoy, no se ha llevado a cabo "ninguna de las diligencias" solicitadas con anterioridad; en concreto, los oficios que debían dirigirse a la Conselleria de Salut i Consum del Govern y al Ayuntamiento de Ciutadella, a fin de que aportaran las solicitudes de exhumación, traslado e incineración de restos cadavéricos que hubiera solicitado la UTE Funeraria Bonet SCP-Edifincas Menorca SL, desde el 1 de enero de 2005 hasta la actualidad.
También se pedía en estos escritos que por parte de las dos administraciones se aportaran las resoluciones que denegaron o concedieron las respectivas autorizaciones, y que se emitiera, en cada caso, informe relativo a los expedientes sancionadores que se hubieren incoado a la empresa, y las sanciones que fueron finalmente impuestas. Por último, se exigía que Govern y Ayuntamiento emitieran un informe al Juzgado, en relación a los permisos necesarios para la exhumación, el traslado y la incineración de restos cadavéricos. Ninguna de estas diligencias, sin embargo, parece haberse realizado hasta la fecha, como tampoco la de dar respuesta a las solicitudes de personación en el caso de los nuevos afectados.
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