jornada de huelga. La manifestación contra los recortes registró una histórica participación en Maó, pero el seguimiento del paro fue testimonial y pasó desapercibido - Javier

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"Pintas bastos y se ha demostrado el profundo malestar de muchos trabajadores". Con estas palabras, resumió ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Ramón Carreras, la jornada de huelga de los servicios públicos celebrada este martes. "En la manifestación contabilizamos en algunos momentos hasta 2.000 personas y si no hubo más seguimiento en algunos sectores fue por los servicios mínimos abusivos decretados", precisó. "El 40 por ciento de los funcionarios son mileuristas y algunos verán reducir su nómina entre 60 y 200 euros", afirmó para justificar la huelga.

Para el sindicalista la protesta de los trabajadores públicos contra el plan de ajuste del Gobierno tan sólo es "el punto y seguido" de una movilización que previsiblemente tendrá su punto álgido a final de mes con la celebración de una huelga general si se consolida "el giro a la derecha" de Zapatero. Los recortes previstos en el plan de reforma laboral, serán el detonante, según Carreras, quien avanza que los sindicatos podrían anunciar la convocatoria de huelga general la semana próxima. "La gente debe entender que esto no es sólo una reducción de salarios que sólo afecta a los funcionarios o una congelación de pensiones puntual, sino que se extenderá, es la destrucción del Estado de Bienestar, la externalización y la privatización de servicios básicos como la sanidad o la educación", auguró.

Huelga general
En el mismo sentido se expresó el secretario general de UGT, Servando Pereira. El sindicalista hizo ayer una valoración "positiva" de la manifestación que recorrió las calles de Maó "antesala de la huelga general". "Es cierto que algunos funcionarios no se sumaron a los paros pero participaron en la manifestación de la tarde. El enfado es monumental", espetó.

"Los recortes afectan ahora al sector público, pero esto es la punta del iceberg de recortes mayores en temas como el abaratamiento del despido, la edad de jubilación. Es el fin del Estado de Bienestar", subrayó igualmente el responsable de UGT Menorca. "Los socialistas han hecho cosas bien y cosas mal, pero hay que tener en cuenta que en los seis últimos años el Gobierno incrementó a los funcionarios su poder adquisitivo un 3,6 por ciento y ahora de un plumazo se les reduce de media un 5 por ciento", explicó el líder sindical.