Concesión. Trapsa Yates gestiona 165 amarres en el Moll de Llevant del puerto de Maó - Archivo

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"Por lo que yo puedo saber, Trapsa Yates no se ha vendido ni está en venta", así de rotundo se expresó ayer Francisco Llobera, gerente de la oficina de Maó de la actual concesionaria de los amarres del Moll de Llevant. En respuesta a los insistentes rumores sobre un posible traspaso de la marina tras la venta del Grupo Marsans, Llobera precisó que la sociedad Trapsa Yates (creada en 1990, dedicada a los servicios náuticos para embarcaciones) es propiedad del empresario Gerardo Díaz Ferrán, pero no forma parte del Grupo Marsans, del que Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual eran hasta hace unos días los mayores accionistas. El Grupo Marsans ha sido recientemente vendido a la sociedad Posibilitum Business, una sociedad vinculada a un conglomerado empresarial especializado en la adquisición y gestión de activos empresariales en dificultades o en situación de riesgo. La venta se cerró en 600 millones de euros.

Dos años para el traspaso
Así, según Llobera, la venta de Marsans no tiene por qué afectar a la sociedad Trapsa Yates. "Es cierto que la situación económica es mala en general en todas partes y podría haber existido una oferta sobre la concesión, pero no me consta. Si hiciéramos caso a los rumores, la empresa ya se habría vendido y dejado de vender un sin fin de veces", advirtió el gerente de la oficina de Trapsa Yates en Maó. A este desmentido de Llobera hay sumar que la ley sólo permite el traspaso de la titularidad de la concesión, dos años después de su adjudicación -que tuvo lugar en octubre de 2008- y este plazo aún no se ha cumplido, por tanto, cualquier transacción hubiera sido ilegal.

No obstante, tampoco hay que olvidar que el año pasado Díaz Ferrán se desprendió de buena parte de los negocios portuarios que tenía en Balears. El empresario se deshizo de sus acciones en sus concesiones de Palma y de Eivissa, donde era socio minoritario, alimentando las dudas sobre la situación de la entidad y por tanto la continuidad de la empresa al frente de la gestión de los amares del Moll de Llevant. Trapsa Yates justificó entonces este paso en su deseo de mantener las concesiones donde tenía el control total de la gestión de amarres, como en el puerto de Maó, y así poder imprimir el carácter de la empresa a la marina. Pero Trapsa Yates tampoco ha podido renovar la concesión en el Pantalán de la Cuarentena de Palma y por tanto ya sólo gestiona mayoritariamente los amares del puerto de Maó. Incluso el hasta hace poco presidente de Trapsa Yates, Juan Carlos Rodríguez Toubes, también se ha desligado de la entidad que hasta hace poco era propiedad del líder de la CEOE, Díaz Ferrán.

Rita: "El tren pasa una vez y no podemos perderlo"
Trapsa Yates logró la adjudicación del Moll de Llevant del Puerto de Maó en octubre de 2008 por un período máximo de 15 años con una inversión prevista de 2,8 millones de euros para gestionar 165 amarres. Pese a los malos resultados del año pasado, la concesión ofrece esta temporada mejores perspectivas. "Estamos mejor que el año pasado por estas fechas", apuntó el gerente Francisco Llobera.

No obstante, el Club Marítimo de Mahón, anterior gestor estos mismos puntos de atraque durante cerca de 80 años y que ha recurrido ante los tribunales dicha adjudicación de Autoridad Portuaria de Balears (APB), nunca ha escondido su interés por recuperar dichos amarres. "Perseguimos muy de cerca el tema y las informaciones. El tren sólo pasa una vez y no podemos perderlo", con estas escuetas, pero elocuentes palabras el presidente del Club, Fernando Rita, reiteró ayer los intentos de la entidad que preside por recuperar una parte de la historia de la entidad y la que ha sido su principal fuente de ingresos.

La lucha del Marítimo se produce en cambio en un contexto difícil tras el anuncio de la nueva directiva del Club de convocar elecciones anticipadas (previsiblemente antes de que concluya el año) ante la imposibilidad de llevar a cabo la totalidad de su programa tras el coste adicional que ha supuesto para la entidad la obligada incorporación por orden judicial del anterior gerente, Ignacio Marra.