10 de febrero, 9 de la mañana. Un conductor estaciona en la zona azul del centro de Maó. No lleva suelto y va a buscar cambio. A la vuelta, diez minutos después, ha sido multado por no haber sacado el correspondiente tique. Anula la denuncia siguiendo las indicaciones del parquímetro. El día 17 recibe la notificación de la multa. Presenta un escrito de alegaciones y un mes después el Ayuntamiento resuelve el expediente, estimando los argumentos del denunciante.
El Consistorio mahonés modificará a la vuelta del verano sus ordenanzas para adecuarlas a la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico. Sin embargo, las modificaciones que ha introducido esta normativa ya están plenamente vigentes en los servicios municipales afectados por dicha ley y se suman a las introducidas por el Ayuntamiento en orden a agilizar en la medida de lo posible los expedientes sancionadores.
"Hemos pasado de nueve a siete días (seis si la notificadora consigue su objetivo al primer intento) en la notificación de las denuncias. Creemos que cuanto antes tenga el ciudadano conocimiento de la sanción que se le ha impuesto, antes puede actuar como considere más oportuno", asevera Àngels Andreu. La concejala detalla que el 59,60 por ciento de las 17.253 multas impuestas en 2009 lo fueron por infracciones similares a la relatada y recuerda que esas multas pueden anularse si se dan los requisitos y se siguen las instrucciones que constan en el propio boletín de denuncia.
La teniente de alcalde de Servicios Generales considera que un conocimiento precoz permite, por ejemplo, aprovecharse de las bonificaciones por pronto pago, que han pasado del 30 al 50 por ciento de la cuantía de la multa, y facilita la resolución de los expedientes por la autoridad municipal, algo a lo que contribuirá también la simplificación de las sanciones introducida por la reforma de la Ley de Tráfico.
Éstas son de 500 euros de multa para el caso de infracciones muy graves (excepto si se trata de conducción de vehículos con mecanismos o instrumentos de inhibición de la vigilancia del tráfico o de sistemas de detección de radar, que es de 6.000); de 200 euros para el caso de las graves y de hasta 100 euros para las leves.
"Desde la entrada en vigor de la reforma, el Ayuntamiento de Maó impone estas mismas sanciones. No existe contradicción entre la ordenanza de circulación, tráfico y seguridad vial y la reforma porque mientras aquélla se adapta se aplica la ley", explica Andreu.
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