Una de las pocas ocasiones en las que PP y PSM-Els Verds votan juntos una propuesta presentada por los 'populares' se dio ayer, durante el pleno del Consell, cuando la portavoz nacionalista, Antònia Allés, apoyó solicitar al Gobierno central que dé marcha atrás en la congelación de las pensiones contributivas. Una propuesta testimonial pero cuya aprobación motivó que la consellera de izquierdas "por coherencia", según afirmó, se descolgara de la postura de su socio de gobierno, el PSOE, que votó en contra.
Dicho acuerdo no impedirá sin embargo que el próximo mes los trabajadores de la institución noten en sus nóminas el recorte salarial aprobado el 31 de mayo y cuya ejecución fue ratificada ayer como un punto de mero trámite administrativo. La reducción será del 0,56 al 7 por ciento dependiendo de la categoría profesional de los empleados públicos. Asimismo se aprobó la aplicación del recorte salarial para los altos cargos, que será del 8 por ciento para los consellers ejecutivos, del 9 por ciento para el presidente de la institución, del 6 por ciento para los consellers con dedicación parcial, y del 7 por ciento para los directores insulares.
Ley de la Reserva
Los grupos políticos aprobaron por unanimidad una moción del Grupo Popular para consensuar la futura Ley de la Reserva de la Biosfera e instar al Parlament balear a que dicha norma sea aprobada dentro de esta legislatura. El conseller Antoni Camps alegó, en su defensa de la moción, que es necesario fijar unos criterios claros sobre los proyectos que son respetuosos y viables teniendo en cuenta la declaración de la UNESCO, con el fin de evitar "interpretaciones unilaterales" de la misma. Según el conseller del PP, la ley deberá clarificar lo que es compatible o no con la Reserva, y acusó al equipo de gobierno de "monopolizar" la declaración "dictando lo que está bien o mal".
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