La crisis avala algunas de las sugerencias de la Sindicatura

Ambas medidas han sido o están siendo llevadas a la práctica por el Ejecutivo de Antich a fin de contribuir a la reducción del déficit público impuesta por la Unión Europea, si bien el máximo órgano fiscalizador de la CAIB las había apuntado en su análisis de los últimos ejercicios presupuestarios. Así, en el último dado a conocer, el correspondiente a 2008, la Sindicatura alertaba de la necesidad de racionalizar el número de entidades dependientes y vinculadas, de armonizar su contabilidad con la de la administración autonómica y de afinar el tratamiento jurídico y contable de las sociedades mercantiles en las que la participación pública es mayoritaria.

Respecto de estos entes y organismos, el órgano fiscalizador pedía una mayor publicidad y concurrencia en las subvenciones que otorgaban y una mejor justificación de los proyectos subvencionables. La Sindicatura recomendaba un mayor rigor en cuanto a las subvenciones otorgadas por la administración autonómica, tanto en las solicitudes como en las justificaciones.

El órgano proponía también la realización de informes de autoevaluación para analizar el resultado de los programas de subvención ejecutados y la restricción del pago anticipado y de los convenios de colaboración.

El pozo sin fondo de la radio y la televisión de las Illes Balears
Desde 2005, Ràdio i Televisió de les Illes Balears tiene apartado propio en los informes de fiscalización que elabora la Sindicatura de Cuentas. Una ojeada a los apartados de sucesivos ejercicios pone de manifiesto las serias dificultades con las que tropieza la viabilidad del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears y las cuatro mercantiles que giran en torno al mismo, Ràdio de les Illes Balears, S.A., Televisió de les Illes Balears, S.A., Multimèdia de les Illes Balears, S.A. y Desenvolupament Digital Balear, S.L. Si en 2005, RTIB presentaba un endeudamiento de 40 millones de euros (y unos gastos financieros de 698.000), esta cifra se había casi quintuplicado en 2008. Al cierre del ejercicio la deuda viva era de 181 millones de euros, lo que generaba unos gastos financieros de 8 millones de euros. Desde 2006, el máximo órgano fiscalizador advierte que "considerando las pérdidas generadas desde su creación y la situación de desequilibrio patrimonial (...), se deberán realizar aportaciones para garantizar la continuidad en la prestación de servicios".