La segunda sesión de la comisión de investigación de Son Quim puso el lunes sobre la mesa dudas sobre el proceso de declaración de interés general para Son Quim, el establecimiento participado por el diputado socialista Josep Carretero. Los documentos que analizó la comisión dejaban entrever que el título se concedió para mantener la actividad de venta de piensos y ampliarla al comercio de otros productos. En este sentido, cabe recordar que la sociedad Carretero Comella SL eliminó en 2008 la venta de piensos de su negocio.
Ayer, el Consell de Menorca, la institución que concedió la declaración de interés general, emitió un comunicado para defender la "corrección" de esta decisión, y asegurar que la declaración no está condicionada al mantenimiento de la actividad original de venta de piensos. Según la institución insular, la solicitud de declaración de interés general se realizó, literalmente, "para la conversión de actividad de venta al por mayor de piensos en actividad de venta al por menor de productos no alimentarios". Es decir, en la petición ya se entreveía que no se seguirían vendiendo piensos. Así lo entiende el Consell, al asegurar en su comunicado que "la declaración de interés general lo fue para las nuevas actividades que se llevarían a cabo, es decir, la actividad de venta al por menor de productos no alimentarios".
Es más, el Consell se aferra a los informes técnicos y jurídicos que avalaron la concesión del interés general para Son Quim. La institución insular reitera que estos informes "avalan la legalidad de ampliar el uso de la edificación a la actividad de venta al por menor al margen de que se mantenga o no la venta de piensos". Desde el Consell recuerdan además que ya se contempló la posibilidad de que se eliminara la venta de piensos en cuanto se concedió la declaración de interés general.
En relación a la titularidad de los terrenos de Son Quim, otro de los aspectos que se debatió en la comisión de investigación, el Consell defiende que no es necesario acreditar la titularidad de una instalación para que le sea concedida el interés general. Así, y en definitiva, la institución insular concluye que "se ha actuado siempre de acuerdo con la legalidad vigente".
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