La cita de ayer en la sede de la Conselleria de Medio Ambiente era de las más importantes de los últimos meses para Ports de les Illes Balears. Después del empate de la primera reunión, el ente público quería que la Comisión Balear de Medio Ambiente eximiera al proyecto de prolongar el dique de realizar una evaluación de impacto ambiental. Si no lo conseguía, aseguraban desde Ports, el dique se retrasaría aún más, y no había fecha previsible para su puesta en funcionamiento. Estos argumentos, finalmente, surgieron efecto en la reunión extraordinaria que se celebró ayer por la mañana. De los once asistentes con derecho a voto, nueve secundaron las tesis de Ports y votaron para que no se realizara el informe de impacto ambiental. Solamente dos apoyaron la otra tesis, la de someter el proyecto a un informe ambiental.
En la sesión de ayer estuvo presente el vicepresidente de Ports de les Illes Balears, Antoni Armengol. Lo hizo con voz pero sin voto, y reiteró los argumentos que ya había adelantado a este periódico: la colocación de otros dos cajones en el dique no supone una modificación sustancial del proyecto, lo que lo exonera de cualquier evaluación ambiental, puesto que ya se realizó una para el conjunto de las obras.
En contra, el presidente de la Comisión, Ramon Orfila, y el director de la Agencia de la Reserva de la Biosfera, Josep Suárez. Basándose en un informe técnico que destaca la afectación del proyecto sobre la posidonia, entre otros aspectos, pidieron un informe ambiental. No lo consiguieron. Solamente obtuvieron la promesa de que el nuevo proyecto incluirá medidas compensatorias para paliar el efecto sobre la posidonia, y que las obras se realizarán con el máximo respecto hacia el entorno natural y cumpliendo la planificación ambiental.
DE NUEVO DIVISIÓN PSOE-PSM
La reunión de la Comisión ayer volvió a evidenciar la diferencia de opinión que arrastran PSOE y PSM, socios en el Consell y en el Govern, sobre el dique. Tras el empate de la pasada reunión, los nacionalistas pidieron públicamente a los socialistas que "reflexionaran", ya que ellos consideraban "imprescindible" la evaluación ambiental. Por su parte, Marc Pons ya había destapado sus cartas y aseguraba que su intención era "agilizar los trámites" para acabar el dique cuanto antes. Doce días después, las diferencias siguen siendo las mismas: ayer el conseller de Ordenación del Territorio en Menorca, Joan Marquès (PSOE), votó una cosa, y otro representante del Consell, Josep Suárez (PSM-Els Verds) votó en sentido contrario. Desde los nacionalistas ya han avisado que "toman nota" de este capítulo.
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