Unió des Poble de Ciutadella de Menorca ha interpuesto una querella contra Antònia Salord Moll por la desaparición del expediente de disciplina urbanística de un policía presuntamente afín a quien fuera alcaldesa accidental durante un mes. UPCM considera probado que Salord pidió expresamente el expediente de este policía, también delegado sindical de CCOO, y que después no lo devolvió al Consistorio. Una actitud que incurre, según la demanda de UPCM, en tres presuntos delitos: prevaricación, negligencia en la custodia de documentos públicos, y malversación de caudales públicos en grado de tentativa. Las penas que se piden para estos delitos suman cinco años de prisión, y 17 de inhabilitación.
La desaparición del expediente tuvo lugar entre finales de febrero y principios de marzo de 2009. Entonces, Antònia Salord era alcaldesa accidental de Ciutadella, tras la dimisión de Llorenç Brondo y antes de la investidura de Pilar Carbonero. A finales de febrero, según relata la querella, Salord pidió a la empresa encargada de recaudar los expedientes de disciplina urbanística, que se le remitieran la totalidad de los expedientes iniciados en el Consistorio. Días después, desde la empresa gestora se le comunicó que se habían fotocopiado todos los expedientes (miles de páginas) y que estaban a disposición de la entonces alcaldesa accidental.
Según la querella, Salord respondió que no quería las fotocopias, sino los originales, y fue entonces cuando solicitó el original del expediente del delegado sindical de CCOO juntamente con otros once. Estos documentos le fueron entregados el 27 de febrero, y el 3 de marzo, mediante un funcionario, Salord devolvió solamente once de ellos, quedando desaparecido el del delegado sindical, que estaba pendiente de firmar por parte de la alcaldesa y que podría suponer una sanción de 21.379 euros para el policía.
Cuando UPCM hizo público el caso, Pilar Carbonero dio diez días a Antònia Salord para que diera explicaciones, algo que no ha hecho. Desde ese día, Salord tampoco realiza declaraciones a los medios de comunicación. Joan Triay, presidente de UPCM, asegura que "hemos esperado pacientemente muchos días más que esos diez antes de presentar la querella, algo que hacemos ante la pasividad del equipo de gobierno para defender los intereses municipales".
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