A la vista de que Antònia Salord no ha dado explicaciones sobre la supuesta desaparición de un expediente de disciplina urbanística abierto contra un delegado sindical de la Policía Local presuntamente afín a ella, Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) ha decidido interponer una querella contra quien fuera alcaldesa accidental de Ciutadella durante un mes. UPCM considera probado que Salord pidió expresamente el expediente de este policía, también delegado sindical de CCOO, y que después no lo devolvió al Consistorio. Una actitud que incurre, según la demanda de UPCM, en tres presuntos delitos: prevaricación, negligencia en la custodia de documentos públicos, y malversación de caudales públicos en grado de tentativa. Las penas que se piden para estos delitos suman cinco años de prisión, y 17 de inhabilitación.
La desaparición del expediente tuvo lugar entre finales de febrero y principios de marzo de 2009. Entonces, Antònia Salord era alcaldesa accidental de Ciutadella, tras la dimisión de Llorenç Brondo y antes de la investidura de Pilar Carbonero. A finales de febrero, según relata la querella, Salord pidió a la empresa encargada de recaudar los expedientes de disciplina urbanística, Regestril SL, que se le remitieran la totalidad de los expedientes iniciados en el Consistorio. Triay calcula que "eran varios centenares de expedientes". Días después, desde la empresa gestora se le comunicó que se habían fotocopiado todos los expedientes (miles de páginas) y que estaban a disposición de la entonces alcaldesa accidental. Según la querella, Salord respondió entonces que ella no quería las fotocopias, sino los documentos originales, y fue entonces cuando solicitó el original del expediente del delegado sindical de CCOO juntamente con otros once. Estos documentos le fueron entregados el 27 de febrero, y el 3 de marzo, mediante un funcionario, Salord devolvió solamente once de ellos, quedando desaparecido el del delegado sindical, con numeración DU 319/08 que estaba pendiente de firmar por parte de la alcaldesa y que podría suponer una sanción de 21.379 euros para el policía.
Cuando UPCM hizo público el caso, a finales del pasado mes de junio, la alcaldesa Pilar Carbonero dio diez días a Antònia Salord para que diera explicaciones, algo que no ha hecho.
Desde ese día, Salord tampoco realiza declaraciones a los medios de comunicación. Joan Triay, presidente de UPCM, asegura que "hemos esperado pacientemente muchos días más que esos diez antes de presentar la querella, algo que hacemos ante la pasividad del equipo de gobierno para defender los intereses municipales". De hecho, Triay añadió que "empieza a ser una tónica habitual que el equipo de gobierno no adopte medidas suficientemente contundentes para exigir que las cosas se hagan bien", y recuerda que en el caso de CITUR, también ha sido UPCM quien ha interpuesto una querella.
Responsabilidades civiles
En el caso del expediente desaparecido, al igual que hizo con el caso CITUR, UPCM también solicita que se asuman responsabilidades civiles, es decir, que se devuelva el dinero que se pueda haber perdido por la presunta actuación delictiva de Antònia Salord. De hecho, en la querella se asegura que "se quiso evitar que la multa se ingresara en las maltrechas y famélicas arcas municipales".
No obstante, Joan Triay aclara que seguramente no hará falta que se devuelva el dinero, pues tiene la confianza de que el expediente de disciplina urbanística se siga instruyendo y que, por lo tanto, la sanción económica que quedó pendiente de firmar cuando Salord era alcaldesa accidental se acabe imponiendo y cobrando.
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