Francesc Ametller y Gabriel Fiol acompañaron a la magistrada en la tertulia - Javier

TW
0

La magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, expresó ayer su rechazo a las etiquetas de progresista y conservador para los magistrados, así como a los denominados jueces estrella. Robles participó ayer en el ciclo "Tertúlia a la fresca" que se celebró en la Plaça de l'Església de Es Mercadal, que contó con la asistencia del alcalde Francesc Ametller y el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJIB, el menorquín Gabriel Fiol.

Margarita Robles asegura que la Justicia es una de las cuestiones más desconocidas en España, a diferencia de la política y de los políticos, al centrarse el debate sobre la actuación de determinados jueces, cuando existen 4.500 jueces que realizan un trabajo muy serio y riguroso. Este trabajo se realiza desde la independencia y la inamovilidad, por lo que subraya que en relación a la corrupción en Balears, y en el resto de España, los jueces actúan con arreglo a la ley y no se dejan influir por ningún tipo de presión política. Señaló que la corrupción es una conducta especialmente grave por lo que supone de estafa a los ciudadanos y, en este sentido, aseguró que tanto los fiscales como los jueces de Balears van a llegar hasta el final para dilucidar todo tipo de responsabilidades.

Lentitud
Robles reconoció que en ocasiones la justicia puede parecer lenta, debido a que pretende ser lo más garantista posible y defender al máximo los derechos de todos. Señaló que los ciudadanos deben tener el absoluto convencimiento de que los jueces actúan sólo y exclusivamente con arreglo a la ley y sin ningún tipo de injerencia de los partidos políticos.

Robles subrayó que en los juzgados y tribunales españoles entraron 9,5 millones de asuntos en 2009, de los que se han resuelto 9,3 millones. Ello significa, a su juicio, que los jueces están haciendo un esfuerzo muy importante para resolver los expedientes. No obstante, afirmó que los políticos elogian una resolución judicial cuando ésta conviene a sus intereses y, en caso contrario, critican la resolución cuando no les es favorable. Por ello, asegura que hace falta una cierta cultura de acatar y respetar las resoluciones judiciales que, por otra parte, se pueden y se deben criticar, pero es importante que se respeten y se acaten. En referencia a la famosa frase pronunciada hace años por el alcalde andaluz Pedro Pacheco, la magistrada asegura que la justicia no es un cachondeo y ha defendido el trabajo que realizan los jueces, a pesar de que algunas personas que tienen responsabilidades públicas no estén de acuerdo con las resoluciones.

Jueces estrella
Robles expresó su rechazo a que a los magistrados se les pueda calificar de progresistas y conservadores, puesto que el ejercicio de la ley no entiende de estos adjetivos. No obstante, reconoce que existe una confusión muy frecuente cuando la gente pretende meter en el mismo saco lo que es el trabajo de jueces y magistrados, que es una labor jurisdiccional y ajena a consideraciones políticas, con otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial, que en este caso sí es un órgano político y hace política judicial. Por ello, ha señalado su rechazo a los adjetivos para jueces y magistrados y, también, a los jueces estrella, al destacar el papel de los 4.500 profesionales que hacen lo mejor que saben y pueden.

En referencia al enjuiciamiento del juez Garzón, Robles señaló que es positivo que los ciudadanos tengan la percepción de que todos los ciudadanos sin excepción son iguales ante la ley y, en este sentido, cualquier persona que aparentemente pueda haber cometido un hecho delictivo, con independencia de su profesión, rango y situación social, puede ser enjuiciada. También subrayó que todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia, por lo que una persona es inocente mientras no sea condenada.

Lengua propia
La magistrada se confiesa una firme partidaria del uso del idioma oficial de cada comunidad autónoma cuando los ciudadanos lo solicitan. En este sentido, señaló que la justicia es un servicio público y que cualquier ciudadano tiene todo el derecho a expresarse en su idioma materno, por lo que los jueces deben estar a la altura y deben juzgar en el idioma de las personas que van ser objeto de enjuiciamiento.