Autoridad Portuaria de Balears (APB) acaba de sacar a concurso la gestión del nuevo varadero del Cós Nou en el puerto de Maó. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó anteayer miércoles el anuncio de licitación, y tal y como avanzó hace unos días en Menorca el presidente de APB, Francesc Triay, las empresas interesadas en asumir la gestión de las nuevas instalaciones -que ocuparán 36.781 metros cuadrados- deberán abonar durante un máximo de 25 años una tasa anual mínima de 258.901 euros.
Según recoge el BOE, de esta cantidad, 215.751,40 euros se abonarán en concepto de tasa de ocupación privativa del dominio público y otros 43.150,28 en concepto de "tasa por aprovechamiento especial del dominio público portuario en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios". En estas cantidades no está incluido el IVA. Asimismo, la adjudicataria deberá ofrecer una "garantía provisional de explotación" por un importe de 100.000 euros y una "garantía adicional provisional" de construcción, del dos por ciento del importe del presupuesto de ejecución del proyecto. Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus propuestas noventa días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE, por tanto, hasta finales del mes de noviembre. La apertura de las ofertas tendrá lugar a principios de diciembre.
Canon excesivo
La elevada cuantía del canon fijado por la Autoridad Portuaria, unida a la inversión millonaria que deberá acometer la futura concesionaria para prestar los servicios exigidos en las bases del concurso, no han sido bien acogidas entre buena parte del empresariado náutico menorquín. En primer lugar porque, en su opinión, dificultará que alguno de ellos puedan presentar una oferta ventajosa capaz de competir con el poder del capital foráneo. Y en segundo lugar, porque subyace el temor de que la concesionaria termine repercutiendo en los usuarios del varadero el elevado canon al que deberá hacer frente. A pesar de las reticencias de parte del empresariado, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Maó ven en este nuevo proyecto una oportunidad para situar al puerto como punto de referencia en la reparación náutica del arco mediterráneo.
Preocupación por las tarifas
El sector náutico y pesquero de la Isla muestra especial inquietud por las tarifas de uso del nuevo travelift de 150 toneladas -capaz de mover embarcaciones de hasta 30 metros de eslora- que la nueva concesionaria está obligada a instalar en cumplimiento del pliego de condiciones del concurso. La instalación de este servicio es una vieja demanda del sector náutico y pesquero del puerto mahonés, ya que actualmente el varadero sólo dispone de un travelift de 50 toneladas. Su instalación evitará que pesqueros, embarcaciones de recreo y golondrinas se desplacen, como hasta ahora, a los puertos de Mallorca y de la Península para pasar las obligadas revisiones anuales. Sin embargo, el sector no esconde su preocupación por las futuras tarifas ante la inminente privatización del varadero.
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