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Dispuesta a estudiar cualquier cambio siempre que no afecte a los ciudadanos. La Conselleria de Medio Ambiente y Movilidad está a la espera de que el ministerio de Fomento concrete cuál es el mecanismo corrector que aplicará para mejorar la eficiencia de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo anunciado por José Blanco.

No obstante, desde el departamento que encabeza Gabriel Vicens se manifiestan "completamente en contra" del establecimiento de un tope a la tarifa subvencionable. "Quizá el sistema ahora beneficia a las compañías pero crear otro que perjudique a los usuarios no es aceptable", sostiene Joan Miquel Bergas, jefe del departamento de Transporte Aéreo y Marítimo del Govern.

El técnico de la dirección general que encabeza Joana Amengual insiste que el mecanismo que anunció el ministro de Fomento "nunca será beneficioso" para los ciudadanos de Balears. "Con la declaración de servicio público que rige en los vuelos interislas si se aplica un tope a la tarifa subvencionable, nos hacen un traje", asegura Bergas.

En este sentido, recuerda el técnico que esta declaración establece una tarifa de referencia de 84 euros que puede incrementarse en un 25 por ciento como máximo, lo que obliga a la compañía a rebajar proporcionalmente algunos billetes, que se ofrecen como tarifas promocionales para colectivos como jóvenes o jubilados. Así, el precio del vuelo puede oscilar entre los 60 y los 102 euros. "Si se fija un tope máximo, se destroza el sistema, y deberemos cambiarlo", argumenta Bergas.

Para el jefe del departamento del Transporte Aéreo y Marítimo, otra dificultad estriba en cómo se fija esta tarifa máxima bonificable. "Cuando en julio, en la última Comisión Mixta de Transporte celebrada en Fomento se nos anunció que la Dirección de Aviación Civil había decidido reducir el presupuesto para la bonificación a residentes, no se nos dijo cómo y siguen sin decirlo. Se habló del ingreso medio de la compañía, si, por ejemplo, eligen Ryanair y son 10 euros, ¿qué pasa?", critica Berga, quien apunta, además, la necesidad de modificar los decretos autonómicos que regulan el sistema de bonificaciones de prosperar las intenciones de Fomento.

Por todo ello, el Govern, desde sus más altas instancias, y también desde la conselleria que dirige Vicens, pretende exigir al departamento de Blanco las explicaciones correspondientes y Berga expresa su esperanza de que el mecanismo del tope máximo subvencionable se sustituya por otro. "Hay que implantar una tarifa única, que sea un servicio público sometido a concurso con una única compañía que lo preste u otro sistema, pero no lo que se está planteando. Espero que den marcha atrás".

Consumidores

El mismo sentir comparten en la Unión de Consumidores de Balears. "Él transporte aéreo y marítimo no es el lugar adecuado para ahorrar", sostiene José Reguera, quien añade que "históricamente la entidad ha defendido la necesidad de que los descuentos fueran iguales en todos los territorios aquejados por la discontinuidad territorial -los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla- y que no han de ser rebajados en ningún contexto".

Para Reguera nada justifica la medida que pretende implantar Fomento. "En Balears, las clases preferentes no son utilizadas por millonarios sino mayoritariamente por empresarios que se trasladan por motivos profesionales, con lo que limitar el descuento es una medida que afecta a la productividad. También son las que suele utilizar la clase política, por tanto el sistema repercutirá en la austeridad que se exige a las administraciones.

"Desde Bruselas, el responsable de la Unión de Consumidores entiende que así las cosas se busca un ahorro en un capítulo en el que el gasto no debería considerarse un derroche. Finalmente, Reguera apunta que este tipo de mecanismo va en contra de lo que se defiende en el marco de la Europa de las Regiones

La picaresca de las compañías, sin sanción

En el Ministerio de Fomento se muestran sorprendidos por la lectura que en los archipiélagos balear y canario se ha hecho del anuncio de José Blanco. "No existe limitación al descuento de residente. Existe una subvención del 50 por ciento y se analizará para que sea más eficaz y, si puede ser, que se beneficien más usuarios", afirma Evelia Cuevas, coordinadora de información de la Secretaría de Estado de Transportes. Cuevas reconoce que se desconoce cómo lograr esa mayor eficacia, pero que las medidas de gestión que se adopten tras el análisis y el estudio quedarán plasmadas en los próximos presupuestos.

Desde esta secretaría de Estado aseguran, asimismo, que no constan en el Ministerio de Fomento expedientes abiertos a compañías aéreas o marítimas por prácticas ilícitas relativas a las tarifas que cobran a los usuarios, aunque en la Comisión Mixta la Conselleria de Movilidad suele hacer notar los avatares que van sufriendo los precios o el ingreso medio de las compañías, según confirmaba ayer el jefe de departamento del Transporte Aéreo o Marítimo, Joan Miquel Bergas. Pese a ello, atajar estas presuntas prácticas, la picaresca por la que las compañías jugarían con el descuento de residente incrementando el precio de los billetes, es uno de los argumentos esgrimidos a la hora de revisar el sistema.

El otro, en palabras de Blanco, evitar que "una minoría, que adquiere los billetes más caros, no consuma un volumen de recursos proporcionalmente exagerado, como ocurre en estos momentos". El ministro remachó esta argumento señalando que no era "razonable" que se subvencionase el transporte aéreo en clase business". El lapsus en el que incurrió Blanco ha sido matizado tanto desde el propio ministerio como desde la Conselleria de Movilidad, al recordar que los billetes de esta clase no están bonificados.