La Conselleria insular de Turismo sólo ha podido confirmar la legalidad de 468 de las cerca de 12.600 plazas denunciadas por la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) por comercializarse presuntamente sin la preceptiva autorización. Dicha cifra supone un 3,87 por ciento del total de plazas comercializadas a través de 50 páginas de internet y detectadas por la patronal hotelera, que remitió toda la información detallada al departamento que dirige Lázaro Criado reclamado una actuación decidida de la Administración.
La junta de gobierno de ASHOME ha decidido dar un paso más y dirigir una carta al propio presidente del Consell, Marc Pons, para que intervenga en el asunto y la institución ejerza las competencias en materia de Ordenación Turística, atribuidas por la Ley 3/1996 y que otorgan al gobierno insular la potestad de inspeccionar y sancionar, además de tener que controlar el registro de las actividades del sector.
El escrito, al que ha tenido acceso este diario, solicita al presidente del Consell una acción "decidida y urgente" con el fin de acabar con la comercialización turística de viviendas, apartamentos y casas rurales al margen de la legislación turística vigente. Según el seguimiento de la plazas por parte de la patronal hotelera, se da la paradoja de que, en el segmento del turismo rural, existen en el mercado más casas de campo presuntamente ilegales (95 viviendas y 475 plazas) que establecimientos dados de alta como agroturismos u hoteles rurales. Los inspectores de la Conselleria no han podido comprobar la legalidad de ninguna de dichas plazas en el campo denunciadas por ASHOME.
Información de las web
Los hoteleros reclaman al Consell que se dirija a las empresas y particulares que actúan como comercializadores e intermediarios, y que son los propietarios de las páginas web denunciadas, para que faciliten al departamento de Turismo el nombre y la dirección de todos los propietarios de viviendas, apartamentos y casas rurales que se anuncian en estos sitios de internet.
La asociación acude a Marc Pons después de lanzar una advertencia pública el pasado junio, en la que amenazó con acudir a los tribunales si el Consell no actuaba contra la oferta ilegal. Sólo un día después de que saltara la noticia, la patronal recibió respuesta al primer escrito remitido a la institución en febrero, es decir, cuatro meses después.
Los hoteleros han llegado a enviar al Consell 50 peticiones en lo que va de año y ha obtenido respuesta, entre junio y agosto, a 46 de esos escritos. Todos ellos iban acompañados de dossiers en los que se explicaba la situación de las viviendas turísticas presuntamente ilegales (hasta un total de 2.400 entre casas rurales, chalés y apartamentos), tal y como se publicitaban en las páginas web rastreadas por la patronal.
Sin embargo, la Conselleria de Turismo en su respuesta a la patronal señala que la información facilitada es insuficiente para determinar si esta oferta dispone de autorización para ser comercializada en el mercado turístico y, por lo tanto, cumplen con la obligación de estar inscritas en el Registro de Empresas, Actividades y Establecimientos turísticos del Consell.
Lo que sí admite el departamento es que sólo se ha verificado que cuentan con la preceptiva autorización 74 villas, 7 apartamentos y una casa (ninguna en el campo), lo que suma un total de 468 plazas de las 12.600 que puso sobre la mesa de los inspectores de Turismo la patronal hotelera.En consecuencia, no se ha podido determinar la legalidad de 1.675 villas, 435 apartamentos, 92 casas y 95 predios, que reúnen 12.106 plazas.
Calidad
Los hoteleros recuerdan al presidente del Consell que la explotación turística de viviendas al margen de ordenamiento legal ocasiona "un descrédito y una competencia directa" al sector, al tiempo que incide de forma negativa en la imagen de Menorca, ya que no existen garantías de que se respeten los derechos de los clientes y consumidores.
Asimismo, la patronal se pregunta qué tipo de seguimiento se puede ejercer sobre un destino turístico y la calidad del producto que ofrece y que se promociona cuando, de las 50.000 plazas de alojamiento de Menorca, cerca de un 25 por ciento está en situación de presunta ilegalidad. Afirma además que la Administración pública también se ve perjudicada, ya que dicha oferta no cumple con las obligaciones fiscales, de seguridad, de higiene o laborales.
Todas estas plazas, cuya legalidad el Consell no ha podido confirmar, suponen, según denuncia ASHOME, una competencia desleal para las empresas y establecimientos que asumen unos costes que dichos propietarios de viviendas eluden. Además, alegan los hoteleros, son una parte del producto turístico Menorca sobre el que la Administración no tiene ningún control.
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