Recinto. A partir de ahora las facturas se harán con cargo al IDI - Archivo

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El plan de ajuste económico aprobado hace unos meses por el Govern se cobra una nueva empresa pública. El pasado día 1 se hizo efectiva la disolución de la sociedad Fires i Congressos y su integración en el Instituto de Innovación Empresarial de les illes Balears (IDI).

El director general de Fires i Congressos, Pere Perelló Amengual, explicó que esta absorción no afecta a los compromisos, acuerdos y eventos asumidos y contratados hasta la fecha por la sociedad ahora desaparecida, incluso se mantiene el nombre de Fires i Congressos, "aunque a efectos contables las facturas se harán a partir de ahora con cargo al IDI", matizó. Por tanto, la sede de Menorca mantendrá las ferias ya programadas y sólo se verá afectada en los términos apuntados, según recalcó Perelló.

Además de asumir las funciones que desarrollaba Fires i Congressos, el Instituto de Innovación Empresarial se ha subrogado los contratos laborales que tenía suscritos la sociedad disuelta. En Menorca, esta empresa publica tan sólo mantenía a su cargo dos trabajadores, un puesto de confianza, ocupado por la responsable de la gerencia, Maribel Florit, y un auxiliar administrativo. Ambos trabajadores seguirán desarrollando las mismas funciones, según explicó el director general de Ferias y Congresos. El Recinto Ferial de Menorca, ubicado en el Polígono Industrial de Maó, se ha convertido desde su inauguración en 2002 en centro neurálgico de reuniones, convenciones y ferias de la Isla. Asimismo, a través de un convenio de colaboración Fires i Congressos también coordina desde hace años los actos que se realizan en el Recinto Ferial de Es Mercadal, como las ferias de artesanías, de productos agrarios ecológicos de Menorca y la del caballo de raza menorquina.

Pere Perelló justificó la disolución de esta sociedad por la crisis económica y la necesidad de la Administración pública de "optimizar recursos". El plan de austeridad aprobado por el Govern contempla la supresión del 50 por ciento de las empresas publicas. Así, de las 169 sociedades existentes a principios de año el Ejecutivo autonómico pretende mantener tan sólo 82. El gobierno de Antich cifró el ahorro previsto en el plan de ajuste en unos 103 millones de euros.