El progresivo deterioro del antiguo hospital Verge del Toro, emboscado en la maraña de Instituciones implicadas en su status jurídico (Govern, Ayuntamiento y Ministerio de Sanidad) se hunde cada vez más en la ciénaga de la ineficacia política. El suelo sobre el que se asienta es de titularidad municipal y en el Ayuntamiento revertiría si el uso final a que se destine no es sanitario. La propiedad es de la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Sanidad y su gestión corresponde al Govern al tener las competencias delegadas de Sanidad. Además debe ser el Ejecutivo autonómico el encargado de proponer al Estado su compra, cesión o adecuación para fines sanitarios.
Su conversión en centro socio sanitario es apoyado unánimemente por todos los grupos políticos. De hecho, una parte de la cartera de usos se recoge en el Plan de Autonomía 2010-2017 presentado por el Consell a la Junta de Alcaldes y el Govern anunció hace tiempo que antes de que finalizara la legislatura se abordaría la proyectada reforma. Incluso el PP, con los votos de Unió Mallorquina, consiguió el pasado mes de abril en el Parlament imponer al Govern la necesidad de abordar "en un plazo máximo de tres meses" el plan de usos del antiguo hospital para su reconversión.
Sin embargo, desde su cierre en 2007, el edificio es objeto de sucesivos actos vandálicos y morada para botellones, sin que nadie actúe. El Ministerio, como propietario, se desentiende. Aparente indiferencia que acrecientan las exiguas gestiones realizadas por los representantes políticos de Menorca y Balears en el Congreso y ante el Ministerio para, al menos, frenar el deterioro y degradación del edificio. Senadores y diputados, con excepciones, se amparan en cuestiones competenciales para justificar esta inoperancia. El diputado popular del PP, Juan Carlos Grau, reconoció ayer no haber hecho ninguna gestión ante el Gobierno central sobre este tema, entre otras cosas porque desconocía ayer que la propiedad del inmueble sigue siendo del Ministerio de Sanidad y al entender además que Parlament, Consell y Ayuntamiento de Maó son las instituciones responsables de encabezar la iniciativa de su reconversión en centro sociosanitario. Aún así, ayer se comprometió a "hacer algo" en relación a este asunto.
Por su parte, la diputada del PSOE, Gràcia Muñoz también afirmó no haber realizado en Madrid ninguna gestión sobre este tema al no ser el Ministerio responsable del futuro uso del inmueble, sino el Govern, institución que, recalcó, tiene las competencias traspasadas de Sanidad. No obstante, señaló que "en su momento" se interesó por conocer el destino del edificio y subrayó que, en todo caso, el mantenimiento del inmueble mientras se decide su futuro "es responsabilidad de todos".
El senador por Menorca, Arturo Bagur, manifestó que se trata de "una cuestión local" y esgrimió la imposibilidad de presentar ninguna iniciativa particular en el Senado sobre este asunto sin la petición expresa del Govern y del Consell. Al respecto recordó que en su día sí hizo gestiones (y a petición de ambas instituciones) ante el Ministerio de Industria y Turismo para su reconversión en Parador, pero coincide con el sentir mayoritario en que su destino debe ser sociosanitario. En cuanto al deterioro de las instalaciones señaló que éste "es el gran drama de la Administración", incapaz de mantener los edificios en desuso por falta de recursos en una situación de crisis, aunque defendió la necesidad, ante el vandalismo, del cierre "total y absoluto" de las instalaciones. "Es una cuestión de civismo", añadió.
"La situación es insostenible"
El senador por Balears, Joan Huguet, señaló que en más de una ocasión ha reclamado la cesión de este edificio al Govern y ante el impasse, y a tenor del progresivo deterioro del inmueble, "la situación es insostenible", espetó. Ayer mismo anunció a "Es Diari" la presentación de una pregunta oral a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en el Senado. "Preguntaré en primer lugar qué piensa hacer con este edificio, si ha recibido una petición formal de cesión por parte del Govern y si la ha recibido en qué fase se encuentra la tramitación y hará efecto la donación". Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Maó se aseguraron que hace apenas unos meses se hicieron gestiones con el Govern y el Ministerio para abordar la situación del "Verge del Toro".
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