En estos últimos cien años, la esperanza de vida ha pasado de situarse en los 34 años a estar en una media de 78. La mayoría de los ciudadanos nos echamos las manos a la cabeza cuando nos enteramos de que, en un momento dado, pueda haber un recorte en el gasto sanitario, pero lo cierto es que hay organismos que se ocupan de analizar si compensa todo lo que se gasta el Estado en servicios sanitarios. Anna García-Altés trabaja en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas de Cataluña y se ha desplazado hasta Menorca para impartir en El Lazareto, junto a otros economistas, un curso llamado "La contribución de los servicios sanitarios a la salud de la población".
García-Altés explica que hay otros factores que influyen en la esperanza de vida como puede ser la contaminación atmosférica, el estado de las carreteras, el nivel de la renta o la alimentación. Actualmente, con la aplicación de las nuevas tecnologías y los fármacos de última generación los presupuestos se disparan ya que los precios de todo este material son muy altos. "Aunque, en general, vemos que la inversión ha resultado eficiente, hay aspectos por mejorar. Hay fármacos que son muy caros y sólo consiguen alargar la vida de un paciente dos semanas, como también se practican cirugías innecesarias en personas que no son muy mayores o no están afectadas, por ejemplo, las reconstrucciones de rodilla". Sin embargo, aquellas medicinas destinadas a reducir el colesterol o para tratar la insuficiencia cardiaca son muy baratas y conllevan un aumento importante en la esperanza de vida. Con ello, la economista explica que "no es que defendamos el ahorro o el recorte sanitario, lo que queremos es que el dinero se utilice de manera que dé el mejor resultado". Ejemplos de ello, mejorar las dietas, las carreteras o reducir la contaminación, así como destinar parte de ese presupuesto a las urgencias, los trasplantes o las listas de espera.
Poca tradición
Mientras que en Inglaterra se controla en qué se invierte el dinero destinado a salud de manera habitual, en España no hay tal tradición. Desde hace 25 años, los economistas de la salud se ocupan de verificar si el gasto merece la pena o no y hacia dónde habría que destinar los fondos. Estos profesionales trabajan de forma coordinada en las agencias de cinco comunidades: Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia. El resto del territorio cuenta con otros organismos que no están constituidos como agencias.
Mediante este curso, García-Altés, quien ya había estado en la Escuela de Salud Pública de Menorca como alumna, pretende que los asistentes reflexionen sobre este aspecto, el del gasto que suponen las medidas de última generación y si son o no eficaces a la hora de aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos.
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