Saber qué pasará cuando la desaladora de Ciutadella esté acabada y lista para producir agua potable es a día de hoy una incógnita. El Govern balear intenta sacar el máximo provecho a la infraestructura, y eso pasa por vender la mayor cantidad de agua que sea posible al Ayuntamiento de Ciutadella. Sin embargo, esta institución no concretará si compra o no agua de esta instalación hasta saber a qué precio se la venden. Y el uno por el otro, la casa sin barrer, y mientras habrá que hacer frente a los gastos de una instalación muy costosa.
Este periódico ha podido saber que, en cuanto las obras de la desaladora estén acabadas, el Govern balear estará obligado a pagar unos tres millones de euros cada año a la UTE de empresas Acciona y Tolo Pons SL. Más de 8.000 euros diarios durante quince años porque el convenio que firmaron en su día el Ministerio de Medio Ambiente de Jaume Matas y el Govern balear obliga a la administración pública a quedarse con la instalación y pagarla en ese plazo. Si se alargara, se deberían abonar intereses, lo que aún encarecería más la operación.
El director general de Recursos Hídricos del Govern balear, Antoni Rodríguez, apremia en este sentido al Consistorio de Ciutadella para que se comprometa a comprar parte del agua desalada que producirá la planta. Lo hace recordando al equipo de gobierno que "no basta pensar en el presente y dejarse guiar por la situación actual, con una temporada buena de lluvias. Hay que pensar en el futuro, y ser consciente que puede volver una época de sequía, y para ese entonces habrá que asegurar el suministro de agua a la población". Y es que Rodríguez asegura que durante el pasado verano el Consistorio ya fue avisado de que en algunos momentos se estaban sobrepasando los niveles de cloruros en el agua que se suministraba a la población. Es en este punto donde Rodríguez lanza una pregunta al Consistorio: "¿Qué precio tiene asegurar el suministro de la población? Me parece un regateo bastante absurdo el que tenemos entre dos administraciones en este sentido".
Entre el Govern y el Ayuntamiento, no obstante, hay un concepto diferente de lo que debe suponer la desaladora en la red de agua del municipio. Desde la administración local se transmite la sensación de que la desaladora debería ser un recurso al que recurrir en caso de necesidad, la fuente de donde obtener el agua que no puedan facilitar los pozos. Mientras, el Govern balear, a través de Rodríguez, apunta a que el "chip" debe cambiarse, y pensar en la desaladora como el punto de procedencia de la mayoría del agua que se consume en el municipio. "Los pozos solamente deberían utilizarse de vez en cuando, para que puedan descansar y regenerarse. Además, dejar descansar los pozos no tiene ningún coste económico. En cambio, tener la desaladora parada supone un coste importante", apunta Rodríguez.
De momento, en cuanto el Govern reciba la desaladora, es decir, cuando acaben las obras, la decisión de si produce o no agua dependerá de la Agencia Balear de la Calidad del Agua (ABAQUA). "La decisión se tomará en base a si se puede arrancar la planta o no", explica Rodríguez. Por ahora, no hay ningún plazo marcado para cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento de Ciutadella, si es que finalmente se acuerda algo.
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