El Plan de Director Sectorial de Equipamientos Comerciales que elabora el Consell registra ya 17 alegaciones una vez finalizado este miércoles el período de exposición pública del documento. Trece alegaciones corresponden a de asociaciones y entidades de la Isla, tres son de empresas privadas y una del Partido Popular. Destacan las presentadas por las asociaciones de diferentes polígonos industriales y zonas turísticas de la Isla, así como las alegaciones de la Asociación Empresarial de Comerciantes de Menorca (ASCOME); la Asociación Menorquina de Comerciantes (AMECO) y Ciutadella Antiga. A partir de ahora y hasta la segunda quincena de noviembre se abre otro plazo para la presentación de alegaciones por parte de las administraciones, entre ellas los ayuntamientos. La intención del Consell es tener aprobado el plan antes de que finalice esta legislatura, a lo largo del primer trimestre de 2011.
Según explicaron ayer la consellera insular de Economía y Medio Ambiente, Antonia Allès, y el conseller de Ordenación del Territorio, Joan Marqués, la mayoría de las alegaciones presentadas por las tres empresas privadas corresponden a cuestiones técnicas "licencias en trámite, actividades". Por su parte, según Allès, algunas asociaciones consideran en sus alegaciones que se exigen demasiados aparcamientos mientras que otras limitan los metros cuadrados para la instalación de comercios en polígonos. Al respecto la consellera hizo hincapié en "el reto" que el equipo de gobierno insular asume con la aprobación de un Plan que aporta seguridad jurídica y confianza al empresariado y "es el resultado de buscar el equilibrio y el consenso".
Asimismo, la consellera mostró su "preocupación" por las alegaciones presentadas por el PP, formación a la que acusó de actuar desde la "irresponsabilidad, la demagogia, la mentira y la ignorancia" que tiene del actual marco normativo. En este sentido, criticó la "contradicción constante" de los populares al denunciar por un lado el intervencionismo y el bloqueo de la iniciativa privada a la vez que demandan una mayor protección del pequeño comercio. Igualmente aseguró que el PP denuncia la invasión de competencias municipales a la vez que insta al Consell a proyectar aparcamientos en los pueblos entrando de pleno en el diseño de ciudad que corresponde a los consistorios. También recordó que la moratoria que hasta hace pocos meses estaba vigente en Balears y que impedía la instalación de grandes superficies fue aprobada por el PP en 1996.
Allés también puntualizó que la ley de comercio deja claro que no pueden instalarse comercios en los polígonos en desarrollo hasta que no exista un proyecto de urbanización y en los que se han desarrollado los planes parciales sólo está permitida la venta al por mayor y al detalle de actividades voluminosas, como muebles, vehículos, material de construcción y maquinaria. "La Ley recoge la voluntad de que en los polígonos no hubiese usos comerciales para proteger el comercio tradicional".
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