El Govern podrá someter a declaración de obligación de servicio público, e incluso contratar directamente en casos extremos, las líneas marítimas regulares que considere oportunas, siempre que se trate de enlaces previamente declarados estratégicos que no estén bien cubiertos por las compañías navieras. Así lo estipula en su artículo 21 la nueva Ley de Ordenación del Transporte Marítimo que fue aprobada ayer en el Parlament balear.
Las contrataciones bajo declaración de servicio público deberán realizarse bajo los principios de concurrencia y publicidad, tanto para servicios continuados como puntuales. Nunca podrán superar los seis años de duración ni se podrá adjudicar más de un servicio de carácter público para cada línea declarada de interés estratégico.
La misma ley declara como estratégicas tres líneas, una de las cuales es la que une los puertos de Ciutadella y Alcúdia. Los puertos de Maó y Ciutadella aparecen además como instalaciones de interés estratégico. En función de este criterio, el Govern debe fijar cuáles son las líneas de transporte marítimo regular, indispensables o estratégicas tanto de pasajeros como de mercancías.
Por otro lado, la ley establece la potestad del Govern en el control y sanción a la labor desarrollada por las navieras. Se consideran motivo de sanción las irregularidades que afecten a frecuencias y horarios, el trato descortés a los usuarios y no mantener los barcos en buenas condiciones, entre otros aspectos. Las multas pueden ascender a 200.000 euros en el caso de las infracciones consideradas muy graves.
También es motivo de sanción el incumplimiento de los derechos del pasajero, que aparecen recogidos en esta misma ley. En primer lugar se establece que "los pasajeros tienen derecho a unos servicios de transporte marítimo seguros, asequibles y de calidad".
Los usuarios deben contar con barcos en buenas condiciones, información completa sobre el servicio así como de las incidencias que lo afecten, y medidas que atiendan a las necesidades de los pasajeros con movilidad reducida. En el caso de que se produzca un retraso, los usuarios deben tener cumplida información sobre los horarios estimados de salida y llegada, así como sobre las conexiones alternativas. Además si la demora supera los sesenta minutos, la naviera debe ofrecer a sus pasajeros comida y refrigerios gratuitos en función del tiempo de espera, y alojamiento sin coste alguno si el usuario debe pernoctar en el lugar previsto para la salida. También se pueden reclamar indemnizaciones.
Desde el Govern se destaca la gran importancia que supone el hecho de que las Islas dispongan por primera vez de una normativa propia "en una cuestión tan estratégica como es el transporte marítimo".
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