El senador por Menorca del Grupo Mixto Arturo Bagur mostró ayer su confianza en que los contactos iniciados entre los gobiernos de Balears y Canarias y el Ministerio de Fomento para analizar la especificidad del hecho insular en la nueva Ley de Puertos, concluyan con la introducción de algunos cambios en el articulado final. Entre ellos, el senador citó "mejoras en las bonificaciones al transporte interislas y la reducción de las tasas portuarias", dos aspectos que contemplaba la anterior Ley ahora derogada a través de una disposición adicional. Las modificaciones apuntadas se introducirían, en todo caso, durante la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado actualmente en debate en las Cortes.
Arturo Bagur hizo estas declaraciones un día después de que el director de la naviera Iscomar, José Ignacio Seguí, criticara en el "Diari" al senador y los diputados por Menorca ( el popular Juan Carlos Grau y la socialista Gracia Muñoz) por haber votado la derogación de la disposición adicional introducida en 2003 por el ex senador menorquín del PP José Seguí, "conociendo de antemano las repercusiones negativas que tendría para la Isla". Al respecto Bagur reconoció que a pesar de haber votado a favor del nuevo articulado hace apenas unos meses, ésta "no es una buena Ley".
Ante esta aparente contradicción el político menorquín justificó que el texto "tiene factores positivos y negativos", y que cuando aquel llegó al Senado ya venía aprobado por el Congreso con un amplio acuerdo entre PSOE y PP. "Mi voto en contra hubiera sido un simple pataleo", aseveró. El texto culminó con la votación favorable de 302 diputados sobre un total de 327. De hecho el propio ministro de Fomento José Blanco destacó que la Ley de Puertos ha sido el texto aprobado con mayor apoyo parlamentario de la democracia.
Entre los factores positivos apuntados por Bagur citó la agilización de los Consejos de Administración, aunque matizó después que este aspecto beneficia en mayor medida a las autoridades portuarias que gestionan un solo puerto de interés general, en detrimento de otras como la de Balears que tiene a su cargo cinco. En el lado negativo de la balanza citó el aumento de tasas y la pérdida de bonificaciones para las islas. "Lamentablemente a la hora de aprobar las leyes se tiene poca consideración con la insularidad, solo cuando se lucha por ella se introducen modificaciones. No se reconoce que en las islas vivimos en una situación de inferioridad en temas de transporte porque no tenemos casi alternativas", señaló al tiempo que se mostró muy crítico con la gestión de Autoridad Portuaria de Balears.
"Debería hacer una reglamentación más acorde con la "multiinsularidad", el Consejo de Navegación debería tener más competencia y sobre todo sus actuaciones deberían ser más consensuadas con los agentes afines a cada puerto y con la presencia de los ayuntamientos en el Consejo de Administración", añadió.
Europa marca la pauta
Por su parte, el diputado del PP en el Congreso, Juan Carlos Grau, explicó que el trato especial que la disposición adicional otorgaba a las Islas se ha eliminado de la nueva Ley de Puertos en cumplimiento de la normativa europea que impide la aplicación de este tipo de exenciones de tasas en el transporte entre puertos de una misma comunidad autónoma. "Como oposición hicimos todo lo posible para retrasar al máximo su entrada en vigor, pero España no puede legislar en contra de las disposiciones europeas", recalcó Grau.
En cuanto al hecho de que Autoridad Portuaria de Balears deberá sufragar a partir de ahora las infraestructuras necesarias en el puerto de Maó en lugar del Estado como especificaba la anterior Ley, el diputado popular señaló que esta medida persigue que los puertos sean autosuficientes así como una mayor eficiencia en la gestión. No obstante apuntó que la propia Ley contempla mecanismos correctores en el caso de que estas premisas no se cumplan.
Para la diputada socialista por Menorca Gracia Muñoz, la nueva Ley de Puertos viene determinada por la aplicación de la directiva europea en este campo "de obligado cumplimiento" por los estados miembros. "Lamentablemente la política europea está mayoritariamente en manos de liberales y neoliberales que consideran que el mercado debe ser el regulador", justificó Muñoz, quien aseguró que desde su posición como diputada socialista y menorquina luchará para defender los intereses de Menorca aunque "siempre desde el respeto escrupuloso respeto a la normativa vigente en esta materia", matizó.
Las navieras critican las subidas al amparo del texto
La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) integrada por 40 empresas entre ellas Baleària y Acciona Trasmediterránea, ha solicitado a los grupos parlamentarios la modificación de la nueva Ley de Puertos tras la subidas de hasta el 30 por ciento de las tasas que aplicarán algunas autoridades portuarias del país al amparo del nuevo articulado.
ANAVE recuerda además que la decisión de reducir las bonificaciones por insularidad provocará que en algunos puertos las tasas se incrementen por encima de la media. Los navieros critican que las Autoridades Portuarias quieran con esta medida mejorar sus cuentas tras la caída de los tráficos experimentados en los últimos años y en una coyuntura también desfavorable para la mayoría de las empresas.
ANAVE propone en lugar de subir tasas, que las autoridades portuarias racionalicen al máximo sus costes corrientes y sus inversiones, de la misma manera que las navieras han venido haciendo durante años. ANAVE advierte que el incremento en las tasas profundizará aún más la discriminación que sufre el transporte marítimo frente al aéreo en materias como las subvenciones a pasajeros o residentes no peninsulares.
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