Lapiedra toma posesión con un expediente urbanístico abierto

El informe de Urbanismo se remonta a 2007, cuando el 21 de agosto de ese año el inspector municipal de obras constató la ejecución de una construcción de 50 metros cuadrados, sin la preceptiva licencia, en el chalé propiedad de la concejala y su marido en la avenida Cales Piques. El 2 de febrero de 2009, la Alcaldía requirió a los promotores para que solicitaran la preceptiva licencia. El 11 de mayo de 2009, el abogado de la edil presentó un escrito de alegaciones con un valor estimado de las obras realizadas de 18.854,33 euros, una cifra que fue corroborada por el arquitecto municipal el 16 de julio de 2010. En el expediente no consta que los promotores hayan solicitado la legalización de las obras y el 2 de agosto de 2010, el instructor del procedimiento formuló la propuesta de demolición de la construcción ilegal.

La Junta de Gobierno del pasado 20 de octubre trató el caso. La propuesta de Urbanismo ordenaba a Beatriz Lapiedra y a su marido la restitución, en un plazo de 6 meses, de las obras realizadas sin licencia y que no fueron legalizadas en el plazo concedido. La Junta de Gobierno aprobó el inicio del expediente sancionador con una propuesta inicial de multa que podía oscilar entre los 9.427,17 y los 18.854,33 euros. Asimismo se designó a Guillem Bosch, concejal de Gobernación, como instructor del expediente sancionador. La tramitación del expediente a Beatriz Lapiedra es una información pública que puede consultarse en las actas de la Junta de Gobierno colgadas en la web municipal.

Según ha podido saber este diario, en la reunión del pasado día 3, la Comisión de Gobierno trató del expediente de disciplina urbanística, en el momento en que la designación de Beatriz Lapiedra ya se había hecho pública y una semana antes de su toma de posesión.

PSOE, PSM y UPCM rechazan la moción del PP sobre el polígono
La moción que presentó el Partido Popular anoche en el pleno acabó siendo perjudicial para sus propios intereses, pues PSOE, PSM y UPCM echaron por tierra sus intenciones. El PP pretendía instar al equipo de gobierno que lleva "un año y dos meses" en el cargo a que acelerara el desarrollo urbanístico del sector B-9 del polígono, redactara el proyecto de urbanización e inscribiera en el registro las fincas resultantes del Plan de Reparcelación. Además, la propuesta popular pretendía instar al Consell a modificar su Plan Director de Equipamientos Comerciales para dotar el polígono de más usos comerciales.

Sin embargo, pronto aparecieron motivos para votar en contra. PSOE, PSM y UPCM recordaron el "historial" de actuaciones que se vienen sucediendo en relación a este sector del polígono. Joan Triay (UPCM), Maite Salord (PSM) y Pilar Carbonero (PSOE) acusaron al PP de haber encarecido el precio del suelo industrial, manteniendo parado el desarrollo del B-9 durante el tiempo que "tres, cuatro o cinco señores necesitaron para comprar unos terrenos que iban a ser expropiados. Algo raro, porque normalmente nadie quiere un solar que se va a expropiar", indicó Triay. Según Salord, el tiempo que el PP tuvo paralizado el desarrollo de este sector, se cambió el sistema de expropiación por el de compensación, lo que permitiría, según PSOE, PSM y UPCM, que los nuevos propietarios pudieran sacar mayor beneficio en la operación. "Tenemos muy claros los intereses del PP en el B-9", dijo Triay, "ustedes por lo que tienen prisa es para que se puedan registrar las fincas, ¿para qué?, ¿para que se puedan vender?, ¿para que puedan especular?", recriminó el concejal de UPCM. Por todo ello, la alcaldesa aseguró que "con el B-9, con el historial que tiene, tenemos que ser muy cautos. Su urgencia (del PP) por acelerar el desarrollo nos hace sospechar. Si era tan urgente, ¿por qué no lo hicieron ustedes?", recriminó. Además, Carbonero criticó que el PP quiera desviar la atención del B-9 polemizando con el Plan Director de Equipamientos Comerciales.

La oposición evita el incremento de 4 euros del impuesto de circulación
En el pleno de anoche, PP, UPCM y Grupo Mixto echaron por tierra la intención del equipo de gobierno de incrementar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Una subida que habría sido de unos 5 euros para los coches de más de 16 C.V. y de alrededor de 0,50 euros para los ciclomotores. El voto decisivo para evitar el incremento fue el de UPCM. Joan Triay no estuvo de acuerdo con penalizar al ciudadano para que el Ayuntamiento pueda recaudar más, cuando por su "mala gestión" está dejando perder dinero con los parquímetros. Sin embargo, todos los partidos votaron a favor de rebajar el impuesto a aquellos ciudadanos con vehículos más ecológicos, los eléctricos o los híbridos.

Por otro lado, el plenario acordó iniciar los trámites para expropiar los últimos dos palcos del Teatre des Born que faltan para que sea totalmente público. Maite Salord (PSM) explicó que "faltan unos documentos de un propietario" en un caso, mientras que en el otro "el notario declaró como no capacitado para vender al propietario de una tercera parte de un palco".

La Corporación aprobó por unanimidad de todos los grupos instar al Gobierno para que dispense el mismo trato que a Canarias en materia de transporte aéreo. Por otra parte, la aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ferreries y la Agència Balear de l'Aigua para mantener en condiciones el torrente del Barranc d'Algendar contó con la abstención del Grupo Mixto, que criticó la gestión realizada este año. En último término, Ciutadella se adhirió al manifiesto de la Associació d'Amigues i Amics del Poble Sahrauí a Menorca por el acoso que sufre el Sáhara Occidental de manos de Marruecos, y aprobó una declaración institucional contra la violencia de género.