Lograr tarifas portuarias más competitivas que favorezcan el desarrollo del sector náutico y ayuden a luchar contra la estacionalidad y la insularidad, así como una gestión portuaria orientada hacia la conquista de rutas de tráficos de pasajeros específicas para cada una de las islas, son algunos de los objetivos que, según el diputado del PP en el Parlament, Cristóbal Huguet, podrían ser una realidad con la transferencia a la Comunidad Autónoma de la titularidad de los puertos de interés general del Estado de Maó, Eivissa, la Savina y Alcúdia, actualmente gestionados por Autoridad Portuaria de Balears (APB).
El Parlament aprobó esta semana por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular que instaba al Govern a solicitar al Ministerio de Fomento esta transferencia argumentando el carácter estratégico de los puertos isleños en relación al desarrollo económico y social de Balears. Sin embargo, el propio presidente de APB, Francesc Triay, ya se había manifestado en más de una ocasión en contra de esta propuesta al entender que dichos puertos son competencia del Estado porque así lo dice la ley y, por tanto, su transferencia exigiría una modificación de la legislación vigente. El diputado popular y adalid de la propuesta autonómica en el Parlament replica al respecto en declaraciones al "Menorca" que lo que no puede seguir aceptando Balears es que APB gestione estos puertos como meros espacios recaudatorios lastrando así su competitividad, el desarrollo del sector náutico y la actividad económica portuaria. Cristóbal Huguet apoya su argumentación en las cifras, en concreto en las tarifas que abonan algunos amarristas a las concesionarias a las que a su vez APB impone el pago de cánones también excesivos. Así, asevera, una embarcación de 24 metros de eslora por cuatro de manga paga actualmente en temporada alta en los amarres de Sant Antoni del puerto de Maó unos 90 euros al día y 130 en el Club Marítimo, precios nada competitivos comparados con el puerto olímpico de Barcelona donde la tarifa diaria es 50 euros y de 70 en el puerto de Mónaco.
Recursos públicos
Huguet afirma que "la política estatal que obliga a las diferentes autoridades portuarias de España a ser autosuficientes económicamente está perjudicando a puertos como Maó", al fijar APB tasas excesivamente elevadas sobre mercancías, pasajeros y embarcaciones. El diputado explica que la mayor parte del volumen de negocio de la Autoridad Portuaria de Balears –que ronda los 53 millones de euros– procede de la recaudación tarifaria. En cambio, la ley autonómica 10/2005 de 14 de junio que se aplica en los puertos que están bajo la tutela del Govern permite, a diferencia que la estatal, que las radas gestionadas por Ports de les Illes Balears cuenten con recursos públicos vía presupuestos de la Comunidad y, por tanto, en su gestión prima el servicio y la mejora de la competitividad al prevalecer un sistema ajeno a la mera recaudación tarifaria. Huguet defiende la transferencia de competencias para los puertos de Maó, Eivissa, la Savina y Alcúdia porque posibilitaría una gestión más eficiente y previsora ante la necesidad de amarres con la creación de instalaciones suplementarias que se ajusten a la demanda, así como la creación de espacios de invernada para que los grandes yates no busquen morada en otros puertos. "Podríamos ser competitivos todo el año, por este motivo se impulsó la Escuela del Mar, un centro de referencia nacional de formadores que en cambio está infrautilizado hoy día", apuntó.
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