Antena. La instalación en determinados lugares motivó los litigios - Archivo

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Ni el tiempo transcurrido ni la litigiosidad y el coste que ha generado, varía la posición del Consell sobre el Plan Especial de Telefonía Móvil de Menorca aprobado en 2003 y cuyo articulado ha sido anulado parcialmente en sede judicial al entenderse que la institución insular invadió competencias de la Administración del Estado en lo que se refería a la prohibición de la instalación de antenas en determinados lugares alegando razones sanitarias y de protección de las radiaciones electromagnéticas.
El Consell esperará a que el Supremo resuelva los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que han estimado parcialmente las pretensiones de cuatro compañías telefónicas y de la Administración General del Estado para abordar la revisión y la actualización de este plan."Todas las sentencias están recurridas y estamos a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva y, por el tiempo que ha pasado, creemos que este año veremos alguna resolución", confirmó Joan Marqués.
En este sentido, el conseller de Ordenación del Territorio reconoció que la existencia de un voto particular favorable a las tesis de la institución insular "abre una expectativa razonable de ganar", motivo por el que el Consell no se plantea dar ningún paso respecto del Plan de Telefonía hasta que no se pronuncie el Supremo. No obstante, Marqués dijo ser consciente de la necesidad de adaptaciones que podría precisar esta norma habida cuenta "la dinámica de implantación, la espectacular evolución tecnológica y el cambio en la percepción de los ciudadanos".
Asimismo, el conseller defendió el documento que un grupo de expertos elaboró para Menorca. "Somos consecuentes con la iniciativa de regular esta cuestión por la inquietud que le generaba a la sociedad la instalación de antenas de telefonía móvil. Quisimos garantizar no sólo una buena cobertura sino también que se daba respuesta a las cuestiones de salud que planteaban los ciudadanos", explicó Marqués. El responsable de ordenación territorial insistió en que, pese a los recursos presentados, "en su momento, la norma se abordó de manera adecuada y justificada".