Audiencia. Los magistrados se trasladaron ayer a los juzgados de Maó para celebrar el juicio - Gemma Andreu

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El Ministerio Fiscal reclama cuatro años de prisión y 12.000 euros de multa para el acusado de un delito por tráfico de drogas, S.A., frente a la petición de absolución de su abogado defensor, quien reclamó sin éxito la suspensión del juicio celebrado ayer en Maó por no haber sido localizado un testigo que el letrado, Javier Villalonga, consideraba esencial para probar los hechos.

El juicio, en el que el fiscal pidió una pena de un año de prisión y 560 euros de multa para los otros dos acusados de participar en los hechos, N.E.H. y F.B., quedó visto para sentencia por los magistrados de la Audiencia Provincial de Palma, en una sesión que se celebró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Maó.

La defensa de N.E.H. también reclamó la libre absolución de su patrocinado, quien sólo asumió la tenencia de 100 gramos para consumo propio, apelando al seguimiento de un programa de desintoxicación por parte del joven, a su condición de consumidor crónico de drogas y a la jurisprudencia existente en relación a los parámetros de autoconsumo, que según las distintas sentencias varía entre los 100 y los 200 gramos. Por su parte, la abogada defensora del tercer coacusado, F.B., quien reconoció que llevaba la droga en el momento de su detención, expresó la conformidad con la petición del fiscal, que fue rebajada de los dos años de cárcel y 900 euros de multa recogidos en el escrito de acusación inicial a un año de prisión y 560 euros de multa tanto para N.E.H. como para F.B.

La Fiscalía aceptó la atenuante de dilación indebida, ya que los hechos juzgados ayer en Maó sucedieron el 14 de mayo de 2007, cuando alrededor de las 16.30 horas agentes de la Policía Nacional detuvieron en el interior de un coche, estacionado en la calle Santa Teresa, a dos hombres que portaban cuatro placas de hachís de 100 gramos cada una.

Uno de ellos había obtenido la droga en un piso situado en esa misma calle, en el que residían siete personas y que tenía alquilado el principal acusado, S.A., quien negó su participación en el delito que se le imputa así como que desde la vivienda se distribuyera droga en la ciudad.

Según el testimonio de dos policías participantes en la operación, en un principio un agente se fijó en los dos hombres que se dirigían a la calle Santa Teresa por coincidir su indumentaria con la descripción de los presuntos autores de un robo de joyas con fuerza, por lo que se les siguió hasta la vivienda. Una vez allí se comprobó que el domicilio era el alquilado por S.A., a quien la Policía investigaba por su posible participación en el tráfico de estupefacientes junto al testigo que no llegó a comparecer en el juicio, S.K., en paradero desconocido.

Un cacheo de seguridad realizado a los acusados dentro del coche permitió incautar los 400 gramos de hachís. En el registro del piso no se halló droga, pero sí libretas con anotaciones que, según el fiscal, correspondían a la compra-venta de droga, mientras que en un segundo registro, en el parking de la casa, se incautaron 161 cápsulas de hachís, seis tabletas de 100 gramos cada una y 127 gramos de cocaína.

Conformidad

En el segundo juicio celebrado ayer en Maó, el abogado de M.I. aceptó un acuerdo con el fiscal para una condena de tres años (en principio se pedían seis) más una multa de 18.992 euros. M.I., que ya ha pasado un año en prisión, estaba acusado por tráfico de drogas, concretamente 941 gramos de cocaína.