El Ayuntamiento de Ciutadella ha denegado definitivamente la petición de los propietarios de IMPRESA para legalizar las dos naves industriales que construyeron en el año 2001 sin la preceptiva licencia municipal.
El largo culebrón que se inició en el año 1998 vivió unas semanas atrás un capítulo como mínimo notable, puesto que el Ayuntamiento respondió a una petición realizada por los empresarios en el año 2002.
Por ese entonces, el Consistorio ya había ordenado la demolición de las dos naves, al comprobar que no tenían licencia de construcción y que no eran legalizables.
Después de que los propietarios de IMPRESA entraran un escrito al Consistorio asegurando que acataban la decisión, ellos mismos presentaron un nuevo proyecto para demoler unas construcciones existentes y construir las dos naves industriales.
Era un nuevo cartucho que no se ha resuelto hasta hace bien poco, después de que el Consell recordara al Consistorio que debía pronunciarse sobre este tema. No en vano, en el año 2004 los propietarios de IMPRESA, al no hallar respuesta del Consistorio, pidieron que se aplicara el llamado silencio administrativo positivo, es decir, que si la institución no contesta dentro de los plazos previstos, se entiende que autoriza la petición.
En mayo, el equipo de gobierno ya trató el tema, y rechazó el proyecto presentado en 2002, y también negó que se pudiera aplicar el silencio administrativo positivo, puesto que el contenido de la petición era contraria al ordenamiento jurídico.
El Consistorio ratificó su decisión el día 10 de noviembre, desestimando el recurso presentado por IMPRESA.
En este documento, los empresarios consideraban que el Consistorio no había respondido a su primera petición de licencia, en el año 1998, y que además tenían derecho a edificar las naves porque suponían incrementar el 50 por ciento de una construcción levantada antes de la redacción del Plan General. Algo a lo que el equipo de gobierno responde que la legislación permite este incremento, pero realizado una sola vez, e IMPRESA ya amplió sus instalaciones el 1991.
Con esta decisión, sigue en pie la orden de demolición de las naves, que se ha ido posponiendo. Además, sobre la construcción pesa un expediente sancionador abierto por el Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico.
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